El Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio de la resolución por la que se decidió la toma de posesión de nuevas fincas de reemplazo a los afectados por la concentración parcelaria Noceda – Quintana de Fuseros. En un comunicado suscrito el pasado mes de mayo, la Administración Regional comunica a los afectados esta resolución después de numerosas reclamación ante el reparto que, según los afectados, se decidió en beneficio de determinadas personas y en detrimento de otros.
Los afectados destacan que existen reclamaciones tanto contra el acuerdo de toma de posesión como contra el acuerdo de la concentración parcelaria en sí “que aún no han sido resueltas, a pesar de haberse presentado las primeras ya en 2010 (se nos dice que tardarán 5 años en ser resueltas)”.
En esta línea, insisten en que en las reclamaciones se detallaron las presuntas “irregularidades e ilegalidades que acontecen tanto en el procedimiento de concentración parcelaria como en su ejecución, pero que la solicitud de inicio de la revisión ha sido estimada”.
Entienden que la Junta “debe ordenar de forma inmediata la paralización de la toma de posesión, para evitar males mayores y los perjuicios que está causando en algunas zonas una concentración parcelaria mal diseñada y pendiente de ejecutar, ya que existen propietarios que se toman la ley por su mano y están haciendo las infraestructuras por su cuenta y riesgo (zanjas , presas de riego y caminos)”.
Pero en el fondo de toda la polémica también subyace una crítica que los vecinos afectados formularon desde el inicio del proceso formal de la concentración: que numerosas fincas que se repartieron no tenían tan siquiera accesos. Así las cosas, ante un eventual cercado de las fincas colindantes el nuevo propietario se vería impedido en el acceso a la propiedad que le tocó en el reparto.
Por ello califican de “ilegal” la toma posesión en virtud del Acuerdo de la Concentración Parcelaria que “determina que la toma de posesión de las fincas de reemplazo sólo podrá tener lugar una vez hayan finalizado las obras que se deben realizar con motivo de la concentración, que como se ha expuesto anteriormente, ni tan siquiera se encuentran proyectadas en la actualidad”.
“Igualmente, la situación expuesta supone un grave incumplimiento de la legislación sobre concentración parcelaria, pues la ausencia de fijación de caminos y mojones que delimiten las fincas”, concluyen los vecinos afectados en un comunicado de prensa.
