El Juzgado de Instrucción número 4 de Ponferrada ha imputado al alcalde de Congosto y vicepresidente de Diputación, José Antonio Velasco, por dos presuntos delitos de prevaricación en la concesión de licencias urbanísticas a un particular. Esta situación ha llevado al Partido Popular a reconsiderar la candidatura del actual regidor, con más motivo cuando recientemente el presidente provincial del PP afirmó que no incluiría en listas ningún cargo implicado en una causa judicial.

La causa que se sigue en vía penal parte de una sentencia anterior que declaró ilegal y nula dos licencias urbanísticas de 2009 para la construcción por un particular de una caseta en la vía pública y reforma de acceso a garaje en la localidad de Almázcara, tal y como publicó Bembibre Digital en julio de 2011.

La demandante consideró que la relación de hechos -solicitudes en la instancia municipal y posteriormente en un contencioso- presentan una “clara intención de favorecer” al vecino a quien se concedió la licencia.

El órgano judicial declaró nula la licencia para la construcción de la caseta y responsabilizó al Ayuntamiento por no haber seguido el procedimiento legalmente establecido ante la omisión de determinados requisitos.

Un segundo acto administrativo fue declarado ilegal tras la solicitud por el mismo particular de una licencia de obras para la reforma de accesos a planta baja o cochera cuando “ya se habían iniciado la ejecución de las obras” que a la postre fue declarada judicialmente ilegal. El Magistrado destacó en su sentencia que el Ayuntamiento de Congosto no sólo no denegó esta licencia solicitada posteriormente al inicio de las obras respecto a una de las dos obras, sino que “consintió y permitió por la vía de los hechos el mantenimiento de la construcción ilegal”.

La demandante entendió que estos hechos eran “constitutivos de un delito de prevaricación administrativa” citando el articulado del Código Penal, “toda vez que se ha dictado una resolución administrativa prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y a sabiendas de su injusticia”, además de haber hecho caso omiso al requerimiento del Procurador del Común para dar explicaciones de los hechos.

Una demanda que dirigió contra el Ayuntamiento y contra el propio alcalde y que ha derivado en la imputación de Velasco en vía penal.  El todavía regidor deberá responder de los hechos en juicio oral y pesa sobre él una petición de cárcel de Fiscalía de tres años, inhabilitación para ocupar cargo público y una indemnización de 11.000 euros.

 

El PP deberá decidir sobre el futuro político de Velasco

El PP ha abierto un expediente informativo a Velasco para que decida sobre el futuro el Comité Autonómico de Derechos y Garantías del PP. Hay que tener en cuenta que el presidente del PP provincial afirmó recientemente, tras los escándalos de corrupción que afectan al PP, incluido el partido en la provincia, que no llevará en sus listas a candidato que esté incurso en alguna causa judicial en vía penal.

Sin embargo, será este órgano de garantías el que analice la gravedad de los hechos. De hecho, si considera que los hechos son de gravedad deberá elevarse al Comité Nacional de Derechos y Garantías. Un comité que, precisamente, preside Fernández Mañueco.

La próxima semana tendrá que pronunciarse el órgano autonómico, con más motivo para confeccionar las listas en el plazo correspondiente, el próximo día 10 de febrero.

 

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