Sin las ayudas del Gobierno, el grupo Alonso podría estar en disposición de seguir adelante con su actividad. Aunque, eso sí, a costa del trabajo de los mineros que deberán aceptar una reducción salarial del 30% así como un incremento de la jornada laboral.

No es la primera vez que el empresario propone a sus empleados que renuncien a una parte de sus derechos laborales condicionando la continuidad de la actividad. El pasado mes de febrero propuso una reducción a los trabajadores del Pozo Santa Cruz de entre un 20 y un 40%. Algo que cayó como un jarro de agua fría entre la plantilla que entendió que se trataba de un ataque a sus derechos.

Tanto Coto Minero del Cantábrico como Uminsa han transmitido a los sindicatos estas condiciones para continuar la extracción del mineral. Aunque deberán ser los trabajadores los que tendrán que dar el visto bueno o no a estas condiciones en las respectivas asambleas que se vienen celebrando desde ayer y durante el día de hoy en el seno de las empresas.

 
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