El próximo día 19 de junio, el empresario minero Victorino Alonso deberá comparecer en los juzgados de Cangas del Narcea para prestar declaración por los hechos que le imputó la empresa pública Hunosa por presunta estafa y apropiación indebida de más de medio millón de toneladas de carbón. Aunque el empresario recientemente se sirvió de un informe pericial que supuestamente desmontaría la versión de Hunosa, será el Juzgado el que se deberá pronunciar si aprecia o no indicios de este delito y las correspondientes consecuencias.

El pasado mes de febrero, Hunosa anunció la presentación de una querella criminal contra Uminsa y Coto Minero del Cantábrico por la desaparición de más de 200.000 toneladas de carbón del Almacenamiento Estratégico Temporal (AETC) y la supuesta venta doble de algo más de 300.000 toneladas. En total, 528.214 toneladas que no encontró y que derivó en este proceso judicial que acaba de recibir por notificación el empresario minero. 

El grupo no concibe que se mantenga esta querella amparándose en este informe que pone de manifiesto, asegura, que el carbón se encuentra en los almacenes y no han desaparecido.

También será clave este proceso para determinar la permanencia de la presidenta de Hunosa, Teresa Mallada, en el cargo. A finales de la pasada semana la cara visible de la empresa pública fue cuestionada por el Gobierno, que analiza todos los movimientos a fin de tomar posibles decisiones sobre su continuidad.

Los trabajadores rechazan los recortes del 30%

Entre tanto, el empresario minero no ha variado su política de recortes del 30% del salario al personal así como un incremento de la jornada de trabajo. Quedaba por conocer el punto de vista de los trabajadores que han rechazado el planteamiento empresarial.

Los trabajadores esperan que se produzca un goteo de despidos aún mayor y advierten de la precariedad en que se encuentran numerosas familias y que puede derivar en un aumento del conflicto laboral.

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