Transcripción literal del comunicado del PP
La empresa deberá devolver al ayuntamiento de Bembibre un montante de 12.990 euros abonados por la construcción de nichos, una factura cuyo pago aprobó Manuel Ángel Rey a pesar de que, a día de hoy, los nichos siguen sin construirse.
La necesidad de ampliar el número de nichos en el cementerio municipal de Bembibre llevó al actual equipo de gobierno a iniciar un expediente de obras solicitando presupuesto para la ejecución de 45 nichos. Para nuestra sorpresa se nos comunicó que algunas empresas ya habían presentado presupuestos a principios del pasado año, si bien no había expediente del proyecto.
En aquella ocasión, y según consta en la documentación municipal, se presentaron dos presupuestos por importe de 19.000 y 12.000 euros respectivamente. Curiosamente, y a pesar de esa diferencia, se encargó el trabajo a la empresa con presupuesto más alto compensando la diferencia con una reducción en el número de nichos a construir. Por si esta decisión irregular fuera poco, el entonces responsable del cementerio, el ex concejal de medioambiente, Manuel Ángel Rey, aprobó la factura para que se pagara a la empresa esa obra que, señalamos, a día de hoy, cuando ya llevamos siete meses con nuevo gobierno municipal, aún no se ha ejecutado.
Por todo ello, éste equipo de gobierno pide la dimisión inmediata de Manuel Ángel Rey Vieira, por utilizar fondos públicos para pagar favores de partido, dado que si la obra no está ejecutada ese pago sólo puede considerarse una “contraprestación” porque uno de los representantes de la empresa beneficiaria se integrara en la lista del PSOE a las municipales, como así lo hizo. La actuación del ahora portavoz socialista supone además un “engaño intencionado a los fedatarios públicos” dado que con su firma de aprobación de la factura indicaba que la obra estaba hecha y obligaba al pago de la misma, hecho que duplica las razones para pedir su dimisión.
Por su parte el actual equipo de gobierno ha iniciado el expediente aprobando en Junta de gobierno la reclamación de devolución de los 12.990 Euros cobrados irregularmente por la empresa beneficiaria para, posteriormente, sacar a concurso público la actuación posibilitando así el acceso al proyecto a todas las empresas interesadas.
