El PSOE ha presentado alegaciones contra la subida del recibo de agua a partir del próximo 1 de enero, que implicará una tarifa única de 0,51865 euros por metro cúbico, lo que implica un 80,92% respecto al primer tramo. Los socialistas consideran que se trata de un “expolio” por aprobarse en una sesión extraordinaria y sin justificación por informe económico alguno.
La portavoz de la oposición del PSOE, Silvia Cao, aduce en las alegaciones que el carácter extraordinario y urgente implica que la documentación se entregó “poco antes de que se celebrara la sesión para que no tuviéramos tiempo de estudiar su contenido”. Sin embargo, en dicha documentación “no existe ningún informe económico que justifique el coste a repercutir al usuario de 323.703,40 euros anuales, ni tampoco el desglose entre los conceptos que lo componen”.
Se refieren concretamente a que los gastos de mantenimiento se han estimado para la anualidad “cuando el alcalde ha dicho públicamente repetidas veces que se aprovecharía siempre el agua de San Facundo, excepto en verano”. Asimismo se refieren a las reparaciones “que por naturaleza son aleatorias” pero que se repercuten en los costes.
Cao se remite a la información de la concesionaria del servicio municipal de aguas que establecía una subida del 36,76% “y no se explica que se haya incrementado más del doble”.
Asimismo se refiere a los informes de intervención que recogen que “este incremento de ingresos corrientes para el ejercicio 2016 no respeta los compromisos adquiridos como consecuencia de la aprobación del Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de 30 de marzo de 2012”.
La oposición califica la subida como “injusta” por cuanto grava por igual a todos los usuarios independientemente del consumo, “de manera que quienes menos consumen se ven afectados por una subida porcentualmente mayor”. También se pregunta por las razones por las que antes del periodo electoral “el Ayuntamiento podía asumir todo el coste de la nueva traída, y así ha sido en los dos años anteriores, en tanto que ahora no puede asumir ningún coste y repercute la totalidad sobre los usuarios, máxime cuando el alcalde ha calificado públicamente varias veces la situación económica del Ayuntamiento de envidiable y de lograr un remanente neto de tesorería para gastos generales de 2,5 millones de euros anuales”.
En las alegaciones también aluden a la actualización de determinadas ordenanzas con arreglo al IPC no así al resto de ordenanzas reguladoras de tasas, impuestos y precios públicos, “cuyas tarifas, de conformidad con la evolución interanual del IPC, deberían experimentar una bajada del 0,9 %”. Cao valora esta omisión como “un fraude a los contribuyentes, puesto que, en la práctica, viene a suponer un aumento de la presión fiscal en ese mismo porcentaje y, por tanto, es de todo punto necesario que la actualización se apruebe por el Pleno para restablecer su capacidad adquisitiva”.
