Recientemente hemos asistido sorprendidos a la polémica entre el Ayuntamiento de Ponferrada y un sus juntas vecinales. Más allá de las disputas políticas, entre las formaciones gobernante y opositora, conviene decir que hay problemas de fondo sin resolver. El Ayuntamiento ponferradino debe cambiar la actual actitud negociadora con las juntas vecinales. Las dos citadas administraciones locales afectadas tienen que respetarse mutuamente para normalizar las necesarias relaciones institucionales.

Por lo que toca a las juntas vecinales, existe una nueva etapa reivindicativa derivada de su resistencia ante el intento inicial del Gobierno central de suprimirlas, mediante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (2013). La presión pedánea y popular consiguió finalmente que no se admitiese la eliminación de los entes locales menores. A pesar de esto, todavía hay una amenaza de supresión de las juntas vecinales que no cumplan con los rigurosos mandatos presupuestarios y contables regulados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (2012).

Esta nueva dinámica de las juntas vecinales, reclamando su protagonismo institucional, no está siendo entendida por sus ayuntamientos. Las inercias municipales pasadas de falta de respeto por las pedanías bercianas no pueden continuar en el siglo XXI. En este sentido conviene crear otros cauces institucionales adecuados que faciliten las relaciones interadministrativas normalizadas entre ayuntamientos y juntas vecinales.

Hablamos por ejemplo de la creación de un Consejo de pedanías en todos los ayuntamientos bercianos. Las relaciones entre ambas instituciones locales no pueden depender de la decisión discrecional del alcalde o concejal responsable. Se debería incluir la creación de este Consejo de pedanías en el llamado reglamento orgánico del ayuntamiento. De esta forma, se concretaría el funcionamiento y composición de este peculiar órgano. Creemos que este Consejo de pedanías debería estar formado únicamente por las juntas vecinales, no así las representaciones de barrios y otras entidades locales singulares que poseen sus propios delegados del alcalde. Argumentamos esto último en base a que estos representantes no son elegidos de manera directa por sus vecinos. Sería en el seno del Consejo de pedanías donde se negociarían las obras públicas en los pueblos, previa negociación objetiva e igualitaria, según las necesidades individualizadas, así como la política de subvenciones.

Los ayuntamientos bercianos han asumido histórica y legalmente competencias que podrían ser delegadas en sus respectivas juntas vecinales. A título de ejemplo, no se entiende el grado de dependencia de las juntas vecinales respecto a sus ayuntamientos respecto a la fijación del nombre de las calles de los pueblos, olvidando su toponimia tradicional. Los ayuntamientos tampoco cumplen con el principio de transparencia informativa a la hora de dedicar el actualizado espacio a las juntas vecinales en la página web municipal. Ésta es otra forma de negar el protagonismo pedáneo en los municipios o el propio Consejo Comarcal de El Bierzo.

Los ayuntamientos tienen la obligación de crear Casas del pueblo para uso de sus juntas vecinales. Centros públicos necesarios para la gestión pedánea y que bien pueden ser aprovechados para la instalación de archivos o museos locales. En este sentido sería interesante un esfuerzo de los ayuntamientos con sus juntas vecinales por recuperar su derecho consuetudinario (caso de sus ordenanzas concejiles). La revitalización de su patrimonio comunal (montes, fuentes, pozos, fornos, molinos, lavaderos…) resulta fundamental para su supervivencia, impidiendo su privatización o apropiación ilegal.

Las juntas vecinales sufren las consecuencias de la falta de ayuda de sus ayuntamientos a la hora de conocer sus censos de habitantes, sobre todo en el caso de los barrios periféricos de Ponferrada y resto de grandes villas. Si importante es conocer su vecindario, otro tanto acontece con la delimitación de sus límites territoriales. Estos temas son fundamentales a la hora de organizar adecuadamente las elecciones de los cargos de las juntas vecinales, que se celebran coincidiendo con las municipales.

Las decisiones de los ayuntamientos, en la organización de pruebas deportivas de moda, son muestras de actitudes irrespetuosas con sus juntas vecinales. Así, cuando se programan carreras de bicis, coches o andarines se prescinde de las juntas vecinales. Los ayuntamientos olvidan que los días de celebración de esas competiciones causan grandes molestias al vecindario de los pueblos. Hay caminos cerrados, sin acceso a las fincas particulares, o desperdicios deportivos (cintas, carteles, pintadas, botes de bebida, etc). Asunto más peligroso acontece con los cotos de caza, pues en muchas ocasiones no se informa de ninguna forma a los vecinos afectados, sorprendidos en ocasiones por los disparos cercanos. En fin, se tendría que contar con la colaboración de las juntas vecinales en la organización adecuada de estas actividades.

Para rematar, comentar que los ayuntamientos deberían dar más protagonismo a las juntas vecinales en sus actividades culturales. Hay que homenajear a los pueblos supervivientes en los desfiles patronales que bien podrían lucir su propia simbología local, caso de los vistosos pendones. En las semanas culturales se tendría que incidir más en la recuperación de tradiciones locales o en los patrimonios etnográfico, fotográfico o paisajístico, de gran interés para la promoción turística futura. Ojalá que esta nueva etapa reivindicativa de los pueblos sirva para recuperar el respeto debido por parte de las otras administraciones públicas.

Xavier Lago Mestre

 

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