El Psoe de Castilla y León ha presentado una proposición no de ley ante el Parlamento de Valladolid a favor de la promoción del leonés. Se pide en ella un “plan de medidas encaminado a su protección”, así como “dictar un reglamento sobre protección, uso y promoción del leonés”. La presentación de esta propuesta de resolución se ha hecho coincidir con la celebración del 28 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y con la conmemoración de las Cortes leonesas del año 1188.
Sin embargo, sorprende que esa demanda lingüística solo se refiera al leonés, ignorando que en la Comunidad Autónoma existen otros idiomas minoritarios que precisan la misma protección jurídica. Nos referimos a las lenguas gallega de El Bierzo y eusquera del Condado de Treviño que no se mencionan. Pedir para el idioma leonés e ignorar el resto de idiomas minoritarios comentados resulta inaceptable. El Psoe de la provincia leonesa y el Psoe de Castilla y León con esta demanda formulan una política parcial, excesivamente localista y disgregadora, favoreciendo los intereses de unos hablantes y ninguneando los de otros, caso de los bercianos que hablamos gallego y de los treviñeses que utilizan el eusquera.
El Psoe de Castilla y León, por tener un carácter estatal, debe practicar una política con visión global que beneficie los intereses generales. Por eso no puede caer en este localismo disgregador, derivado de su política pactista con sus actuales aliados leonesistas. Debe formular una política con sentido de Comunidad Autónoma, como sería plantear la protección de las tres lenguas minoritarias descritas, y no sólo la leonesa como hace ahora con su propuesta de resolución.
El artículo 5 del actual Estatuto de Autonomía de Castilla y León se refiere expresamente al castellano, al leonés y al gallego. El Psoe de Castilla y León, con la citada propuesta parlamentaria, sólo pide protección jurídica para el leonés. ¿En qué se basa para ignorar el otro idioma minoritario de la provincia leonesa y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?. La lengua gallega de El Bierzo y la Alta Sanabria merece el mismo tratamiento jurídico que el que se pueda conceder para el leonés, es decir, un plan de medidas de protección y un reglamento administrativo de uso y promoción.
La intervención política y administrativa demandada para el leonés supondría la pasividad institucional para las otras lenguas minoritarias, gallego y eusquera. Esto significaría una discriminación legal para los otros hablantes más periféricos, del occidente y del oriente de la Comunidad Autónoma. Esta política cultural e lingüística parcial sería contraria a lo establecido por la propia Constitución Española (artículo 3.3), Estatuto de Autonomía de Castilla y León (art. 5) o la propia Carta Europea de Lenguas regionales o minoritarias. Recordemos que esta Carta ampara expresamente las lenguas oficiales y no oficiales de la Unión Europea.
Mejor sería que se debatiese en las Cortes de Valladolid la necesidad de proteger de forma global las tres lenguas minoritarias de Castilla y León, mediante la aprobación de una Ley autonómica de Idiomas. Esto mismo ya se ha hecho con las lenguas de la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2009. Así el aragonés y el catalán ya tienen protección legal, a pesar de no poseer declaración de idiomas oficiales. Cuando hay buena voluntad política de favorecer a los hablantes de las minorías lingüísticas se puede hacer, tengan sus idiomas reconocimiento de oficialidad o no. Pero la política bilingüe de Aragón no es ejemplo para la clase política de Castilla y León, la cual no respeta sus minorías culturales como debería, procurando únicamente el uniformismo lingüístico castellano. La actual política cultural de la Junta resulta contraria a nuestra tradición histórica, ya que no ampara nuestra riqueza patrimonial idiomática. El Bierzo no puede perder su variado patrimonio lingüístico porque es nuestro principal signo de identidad social, cultural y territorial.
