Xavier Lago MextreLa palabra política deviene del arte de gobernar según los procedimientos éticos consensuados. Pero cada vez más comprobamos como la clase política profesionalizada gobierna para sí, sin contar adecuadamente con la opinión de la ciudadanía. Esto mismo acontece con la reforma de la Ley de la Comarca de El Bierzo. Hay un temor fundado a que las propuestas bercianas, para mejorar el actual Estatuto comarcal, no sean finalmente consideradas ni admitidas.

Esta forma de gobernar, por parte de la Junta de Castilla y León, aleja la política de la ciudadanía berciana. La falta de recepción de las propuestas reformadoras desde El Bierzo desmotiva, desmoviliza y no facilita la participación social. Esta anómala dinámica solo provoca la inercia pasiva al dejarnos llevar por los mandatos del poder político. Así no se profundiza en la democracia popular sino que se erosiona progresivamente, porque la democracia se debe ejercer todos los días, y no solamente en las preceptivas jornadas electorales ante las urnas. No podemos permitir que nos restrinjan cada vez más nuestras prácticas democráticas.

Los políticos profesionales se escudan en que la reforma de la Ley de la Comarca de El Bierzo es un proceso jurídico y político muy complejo que no toda la ciudadanía berciana puede comprender. Desde luego que resulta difícil casar lo preceptuado por la Constitución Española, la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia con las aspiraciones y deseos de más autonomía política de los bercianos. Pero la clase política tiene la obligación de informar sobre toda esta problemática de manera clara a los ciudadanos, algo que hasta ahora no se ha hecho. La Junta de Castilla y León no ha favorecido la pedagogía jurídica en el debate social, más bien ha difundido su propuesta ideológica, alcanzando escaso consenso. EL Consejo Comarcal de El Bierzo celebró una Jornada técnica sobre comarcalización del Estado, pero poco más, tan siquiera ha abierto su página web al debate social. En este sentido ha sido un acierto la creación del Foro de El Bierzo para la reforma del  Consejo que ha ayudado a la divulgación de toda esta problemática.

Desde este territorio periférico queremos una reforma más progresista y democrática que la vigente. Reclamar la elección directa de los consejeros es viable según lo postulado por la Carta Europea de Autonomía Local de 1985. Pedir una mejor participación de los bercianos en la gestión pública propia se puede conseguir con la iniciativa legislativa que ya tienen las comarcas catalanas, o con la institucionalización de los concejos abiertos, foros electrónicos, consultas populares, etc.

También conviene recordar que los procuradores de las Cortes de Castilla y León en varias ocasiones anteriores restringieron el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los bercianos. Así aconteció con la petición popular de reconocimiento de la lengua gallega en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, ya que tuvieron que ser las Cortes Generales, en 1998, las que fijaran expresamente ese mandato estatutario de protección legal. Y más recientemente, de nuevo las Cortes Generales, en la reforma estatutaria de 2007, incluyeron el artículo 46.3 que concreta que “una ley de las Cortes de Castilla y León regulará la Comarca del Bierzo, teniendo en cuenta sus singularidades y su trayectoria institucional”. Basta recordar que en relación con este reconocimiento territorial amplio, previamente las Cortes de Fuensaldaña sólo habían aprobado una breve referencia a El Bierzo en el preámbulo de su proyecto estatutario,
 por supuesto, un contenido restringido y sin vinculación jurídica. En fin, que estos ejemplos de concesiones políticas desde las Cortes Generales fueron muy favorables para los intereses de El Bierzo, y suponen mandatos legales que deben ser acatados tanto por las Cortes de Castilla y León como por la Junta de Castilla y León.

Insistamos pues en que ese mandato estatutario de aprobar una Ley autonómica para El Bierzo, que tenga presente sus singularidades y su trayectoria institucional, condiciona de manera fundamental el contenido de nuestra futura Ley. Somos muchos los bercianos que opinamos que el actual anteproyecto de Ley que ha presentado la Junta de Castilla y León no cumple con ese citado mandato del artículo 46.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Porque entre esas singularidades de El Bierzo está la lengua gallega, que “gozará de respeto y protección (…) en los lugares en que habitualmente se utilice” (artículo 5.3). Restringir de nuevo el uso institucional parcial del idioma gallego, por parte del Consejo Comarcal Berciano, sería un grave error político y jurídico.

Esas comentadas singularidades de El Bierzo, a las que hace referencia el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, pueden amparar la especificidad institucional en campos como: el sistema electoral directo, amplias competencias para este territorio periférico, aislado y complejo, la iniciativa legislativa propia, la suficiencia financiera, la territorialidad abierta, relaciones exteriores preferenciales, etc. Para resolver la problemática territorial de El Bierzo precisamos consensuar una voluntad política capaz de reconocer en firme el principio institucional de diferenciación que esta región geográfica necesita con un ente supramunicipal.

Xabier Lago Mestre - Colectivo Fala Ceibe do Bierzo
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