• En enero de 2012, el que suscribe terminaba un texto sobre las universidades españolas a la boloñesa, donde analizaba algunos aspectos del “Real Decreto del 4+1” (octubre de 2007), con esta pregunta: Quo vadis, Hispana Universitas Bononiensis? Desde entonces, el ministro Wert hizo adoptar el “Real Decreto del 3+2” (febrero de 2015), que va a reemplazarlo en breve, para reorganizar (¿o, más bien, habría que hablar de desorganizar?), una vez más, los estudios universitarios españoles.

• Con la LGE de 1970, la enseñanza superior en España quedó estructurada en tres ciclos: el de las diplomaturas (3 años), el de las licenciaturas (5 años) y el del doctorado (un número variable de años). Ahora bien, con la Declaración de Bolonia (1999), el diseño y la duración de los estudios superiores españoles empezaron a cambiar. Así, en 2010, se implantaron, sin ninguna oposición o protesta por parte de los profesores y de los estudiantes, los denominados planes del 4+1: cuatro años de “grado” y uno más de “máster”.

• Cuando estaban a punto de abandonar la universidad española la primera hornada de los “graduados-masterizados” del 4+1, el ministro Wert volvió a las andadas y reformó lo reformado, proponiendo, en 2015, los planes del 3+2: tres años de “grado” y dos más de “máster”. Estos nuevos planes soliviantaron a las organizaciones estudiantiles. Sin embrago, dejaron indiferentes a los profesores universitarios, a los rectores, a los decanos y a la mayoría de los estudiantes, que no han dicho, hasta ahora, ni mu. Analicemos algunos aspectos del R. D. del 3+2, que alteran y degradan, aún más, la enseñanza universitaria.

• Si estamos en el club de la U.E., el objetivo perseguido por la Declaración de Bolonia parece loable y pertinente: crear un único y homogéneo “espacio europeo de educación superior” (EEES). Con él se intenta facilitar la movilidad de estudiantes, de diplomados y de profesionales, así como el reconocimiento de los estudios totales o parciales realizados en cualquier universidad europea. Sin embargo, el proceso seguido y los modelos propuestos en España, así como la defensa de los mismos por parte del Ministerio, merecen algunas acotaciones.

• En primer lugar, si la declaración de Bolonia persigue la convergencia de las enseñanzas universitarias en un EEES, podemos y debemos preguntarnos por qué, en España, no se hicieron bien las cosas desde un principio. Si el modelo más generalizado en Europa era el 3+2 y, además, era el modelo preferido por los rectores españoles, ¿por qué se adoptó, en 2007, el modelo del 4+1? Este modelo tuvo que ser rectificado, en 2015, con el 3+2. No parecen razonables ni razonados ni lógicos estos bandazos de las autoridades educativas españolas, que disponen de todos los medios técnicos y humanos para hacer las cosas bien y desde el principio. O ¿acaso el cambio del 4+1 por el 3+2 obedece a otros imperativos, a los que nos referiremos infra? Llama también la atención la actitud de la Conferencia de Rectores (CRUE), que estaban por el 3+2 cuando se adoptó el 4+1. Y después, en 2015, cuando se quiere implantar el 3+2, piden al Ministerio una moratoria, mucho sentido común y mucha prudencia y cautela. Da la impresión que los Rectores tienen el “criterio de la veleta”. Y ¿qué puede pensarse de esas comisiones u organismos públicos (el Consejo de Universidades, la Conferencia General de Política Universitaria, etc.), que han dado el “placet” o “nihil obstat” a los sucesivos planes del Ministerio?

• En segundo lugar, los planes del 4+1 y del 3+2 pueden hacernos creer que los estudios universitarios siguen durando 5 años como en las antiguas licenciaturas y que podría formularse la ecuación 5=4+1=3+2. Más bien, lo que sucede es todo lo contrario: con el modelo del 3+2, las antiguas “licenciaturas” (5 años) son transformadas en las antiguas “diplomaturas” (3 años). Así, los nuevos sumandos 3+2 no sólo alteran la formación universitaria sino que también la degradan aún más. Y esto es aún más grave al no existir unas funcionales pruebas de “selectividad” o de acceso a la universidad. Por eso, algunos califican a los “grados” de “bachilleratos avanzados”. Además, con los “grados” (3 años), los universitarios sólo adquirirán una “formación generalista y básica”, pero que les habilitará, según el R.D., para ejercer una profesión. Los másteres (de 1 o de 2 años), que proporcionan una “formación especializada”, no son necesarios ni obligatorios para ejercer una profesión. Escapan a esto algunos másteres: por ejemplo, el “Máster de Secundaria” —que no complementa los “grados” y que tiene sólo una función pedagógica— y los másteres de las llamadas “profesiones reguladas” (C. de la Salud, Arquitectura e Ingenierías), a las que, por cierto, no se les va a aplicar el modelo del 3+2.

• En tercer lugar, si en las “profesiones reguladas” (30% de los estudios) no se aplicará el 3+2, ¿por qué sí se impondrá en todas las otras? Por ejemplo, las relacionadas con las Ciencias Humanas. Si no es razonable ni lógico poner la salud o la seguridad de los ciudadanos en manos de “graduados” en medicina o arquitectura, creo que tampoco lo es poner la formación de los niños y de los jóvenes en manos de “graduados generalistas” que, según algunos, no están preparados para ejercer de profesores y que califican de “indocumentados”. Si es importante la salud y la seguridad de los ciudadanos, tan importante es asegurar que los niños y jóvenes adquieran los conocimientos instrumentales básicos (saber leer, redactar, expresarse y reflexionar, y tener espíritu crítico), así como conocimientos sobre las distintas ramas del saber, para que puedan ser ciudadanos con mayúsculas: ilustrados, responsables y armados para ejercer como tales.

• En cuarto lugar y a pesar de las explicaciones del ministro Wert, los másteres no serán, en realidad, facultativos sino obligatorios. Para las organizaciones estudiantiles, los grados de tres años son un “engaño” y una “estafa”, que cercenarán la formación que deberían recibir en la universidad y que, por lo tanto, les brindarán menos oportunidades laborales, en un mundo cada vez más competitivo. Y esto les obligará, si disponen de recursos, a hacer un costoso máster, para alcanzar una formación especializada, funcional y competitiva. Según las malas o las buenas lenguas, los recortes en la enseñanza universitaria y los problemas de financiación de la misma han estado en el origen no sólo de las subidas de tasas sino también en la implantación del modelo del 3+2, que es claramente una subida encubierta de nuevas tasas.

• En quinto lugar, la pareja Wert-Gomendio, que “filent le parfait amour” en París, han repetido hasta la saciedad el mantra de que los nuevos grados serán más baratos. Es evidente que, un año menos de tasas, de transporte, de manutención y de gastos varios, hacen forzosamente más barato un grado de 3 años que uno de 4. Además, han tenido la desfachatez de afirmar que los graduados empezarán a trabajar un año antes, olvidándose de que la tasa de paro de los jóvenes supera el 50% y además no trabajan en los sectores para los que se han formado. Por cierto, los grados serían aún más baratos si se redujesen a dos años o a uno o a ninguno o si se distribuyesen, sin haber dado un palo al agua, unos “grados de Maestros Ciruela”. En un país como España, esto casa mal con la necesidad de crear una “sociedad del conocimiento”, de provocar un “cambio de modelo productivo” y de dotarse de los profesionales para hacer frente a las necesidades de una sociedad como la nuestra, cada vez más compleja y exigente.

• En sexto lugar, según Wert-Gomendio, el 3+2 no es un modelo cerrado. Habrá flexibilidad no sólo en el calendario de su implantación, sino también en la duración y el contenido de los grados o de los másteres. Esto va contra el espíritu de la Declaración de Bolonia: crear un espacio común y homogéneo de enseñanza superior. Con esta libertad o discrecionalidad por parte de las universidades no sólo no se va a converger en el EEES, sino que van a divergir las distintas universidades españolas.

• Todo esto parece indicar que, con el 3+2, se deteriorará aún más la formación universitaria y, como correlato, se fragilizará y se hipotecará el futuro universitario, laboral, social y económico de los jóvenes españoles, egresados de las clases populares. Ante esto y si el ascensor social deja de funcionar, no es descabellado esperar lo peor, como sucedió con los disturbios, hace algún tiempo, en las “banlieues” de las ciudades más importantes de Francia. El 15M y la ocupación del espacio municipal, autonómico y nacional pueden ponernos también la mosca detrás de la oreja. Y como siempre, tanto los profesores universitarios (excepto algunos, que han puesto el dedo en algunas de las llagas del 4+1 o del 3+2) como los rectores, los decanos y la mayoría de los estudiantes no se han atrevido a decir, hasta ahora, esta boca es mía. Por eso, como en 2012, vuelvo a preguntar a la universidad española del s. XXI: Quo vadis, Hispana Universitas Bononiensis?

Manuel I. Cabezas González
Doctor en Didactología de las Lenguas y de las Culturas
Profesor Titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada
Departamento de Filología Francesa y Románica
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

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