El futuro de la minería está en el aire

La asociación de Municipios Mineros (Armi) celebró este lunes una reunión de urgencia donde aprobó un manifiesto de apoyo a la minería del carbón y del sector minero, expresamente ante la propuesta de la Unión Europea para cerrar las minas autóctonas no rentables en el año 2014. Desde el colectivo que engloba a los municipios vinculados con el sector minero recalcan que “la minería del carbón constituye un sector estratégico para el conjunto de la comunidad autónoma de Castilla y León y debería serlo también en España y en la Unión Europea”, máxime cuando hay “pronunciamientos europeos expresos en ese sentido (desde el Libro Verde hasta la Directiva 2009/72/CE, pasando por la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Segunda revisión estratégica del sector de la energía”) y porque nuestro país no puede tener una exclusiva dependencia energética exterior, sino porque es el sustento de una parte vital del empleo directo y porque condiciona la pervivencia de muchas otras industrias”. Razones por las cuales califican de “imprescindible” dar continuidad al actual reglamento europeo del carbón.

Pero más allá de la situación actual, dese Armi analizan la evolución durante los últimos años de las políticas proteccionistas del carbón para concluir que si el sector no permaneciera “no tendría ningún sentido el esfuerzo realizado hasta ahora por trabajadores, empresas y gobiernos locales, autonómicos y nacionales. Como no tendrían sentido las cuantiosas inversiones realizadas para la limitación de las consecuencias contaminantes o para mejorar las condiciones de seguridad”.

“Consideramos que dado lo estratégico del sector energético y minero las ayudas públicas se justifican sobradamente, al menos con los mismos argumentos con que se sostienen en otros sectores de actividad económica”.

Sobre todo porque “está en juego” algo más que la competitividad, señalan, como “el empleo de miles de personas en zonas sin alternativas a corto plazo”.

La situación actual lleva a Armi a reclamar al Gobierno central que ponga en marcha todos los recursos y mecanismos a su alcance para que salga adelante el contenido propuesto para el nuevo reglamento y que defienda en Europa los intereses mineros, los empleos y las empresas para conseguir que “la nueva regulación para ayudas específicas a la industria del carbón desde el 1 de enero de 2011 permita todos los tipos de ayudas vigentes”, cuanto menos, que el consenso sea suficiente para aprobar esta regulación.

 

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