El Consejo de Gobierno, reunido esta mañana en el Colegio de la Asunción de Valladolid bajo la dirección del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha aprobado un amplio paquete de medidas económicas, fiscales y administrativas que tienen como principal objetivo garantizar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales con calidad y equidad, así como su sostenibilidad en el futuro.
Junto a esto, el Ejecutivo regional pretende avanzar en la recuperación de la economía y el empleo -prioridades fijadas por el presidente Herrera en su discurso de investidura-, facilitar la elaboración del futuro Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2012 y favorecer el cumplimiento del objetivo de estabilidad de Castilla y León para el próximo año, contribuyendo así a que el conjunto de la nación pueda hacerlo.
Para ello el Ejecutivo regional ha dado luz verde hoy a cuatro normas y textos legislativos de gran calado: el Decreto de Prórroga de los Presupuestos de 2011 y el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, que se han aprobado; el Plan de Racionalización del Gasto Corriente, que incluye dos iniciativas que es preceptivo abordar en las mesas de negociación de la Función Pública, convocadas para mañana mismo, y el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, al que se incorporarán las disposiciones mencionadas y que sólo está a falta de los informes del Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo Consultivo. De todo ello se informará esta tarde a los máximos representantes del Diálogo Social.
El acuerdo llega en pleno recrudecimiento de la crisis económica, que se ha agravado en el segundo trimestre del año y puede conducir a que el país vuelva a estar en recesión en 2012. El escenario en el que se enmarca es también el de la exigencia, por parte de la Unión Europea, de que España cumpla estrictamente con sus obligaciones en materia de estabilidad presupuestaria y consolidación fiscal.
A ello le compromete asimismo el recién reformado artículo 135 de la Constitución, que insta a todas las administraciones a adecuar sus normativas y sus políticas a esos principios. De ahí que la Junta haya decidido realizar un nuevo esfuerzo de austeridad y contención, en el que implica a todos los castellanos y leoneses y en especial a los empleados públicos de la comunidad, dentro de las competencias que le atribuye el Estatuto de Autonomía.
Adaptación a la nueva estructura administrativa y control del gasto
El primero de los textos reguladores que se han aprobado hoy es el Decreto de Prórroga de las cuentas que están en vigor. Se trata de una imposición legal, en la medida en que sus características vienen dadas por el Estatuto de Autonomía y el artículo 107 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
En materia de ingresos, la norma prolonga los créditos iniciales de los Presupuestos de 2011, salvo que correspondan a actuaciones terminadas o se trate de fondos finalistas cuya vigencia no pueda ampliarse. Por otra parte, adapta la estructura presupuestaria a la organización administrativa de la nueva legislatura autonómica, que supuso la reducción del número de consejerías de 12 a 9.
Entre los aspectos significativos figura además que en enero la Junta declarará indisponibles tantos recursos como sean necesarios para respetar el objetivo de estabilidad para 2012. El fin último de esta medida es que Castilla y León continúe entre las autonomías que cumplen este mandato, puesto que en 2010 cerró con un déficit del 2,26% frente al 2,40% permitido y en el tercer trimestre de 2011 -último dato publicado- registró el -0,82% en términos de Contabilidad Nacional, porcentaje que le sitúa en condiciones de no superar el -1,30% autorizado para todo el ejercicio.
En cuanto a los gastos, se prorrogarán los de personal (capítulo 1), los necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos (dentro del capítulo 2) y los derivados del pago de la deuda pública (capítulos 3 y 9). Con cargo a los capítulos 4, 6, 7 y 8 sólo podrán imputarse compromisos en vigor a 31 de diciembre de 2011 que impliquen obligaciones a 1 de enero de 2012, así como los ligados a programas plurianuales contraídos con anterioridad y aquellos que estén financiados con recursos finalistas, siempre y cuando esté garantizado que llegarán el próximo año.
Fuera de estos casos, cualquier gasto necesitará autorización de la Consejería de Hacienda, previa elaboración de una memoria justificativa de su necesidad, oportunidad y posibilidades de financiación. Las únicas excepciones son las Cortes de Castilla y León, el Consejo Consultivo y la Política Agraria Común (PAC).
Conviene recordar que la Junta decidió no presentar en plazo el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2012 el pasado 13 de octubre, ante la falta de datos ciertos para su elaboración. Entre esas incertidumbres están las últimas previsiones económicas del Gobierno saliente, que contemplan que el PIB crezca el 2,3% en 2012; la escasa fiabilidad de las entregas a cuenta derivadas de ese cálculo, que traen a la memoria los errores cometidos en 2008 y 2009; la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2012, y la negativa a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera aclaratorio.
Fondo de Reserva para reducir la deuda
El Consejo de Gobierno ha aprobado, en segundo lugar, el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, conocida como Ley de Techo de Gasto. El presidente Herrera cumple así con uno de los compromisos que asumió el 23 de junio, durante el debate previo a su investidura, y reafirma la apuesta de la Junta por la estabilidad presupuestaria a la que le obligan la UE y la propia Constitución Española.
En la práctica, supone que el Gobierno autonómico se impone un techo máximo de gasto no financiero anual, que se calculará teniendo en cuenta la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y la tasa de inflación de Castilla y León. Es decir, se limita la actividad pública a lo que razonablemente permita el ciclo económico, de modo que en periodos de declive no se pueda incurrir en un endeudamiento ilimitado.
Paralelamente, si en épocas de bonanza se genera superávit éste irá a parar a un Fondo de Reserva dirigido a amortizar deuda, con el fin de reducir progresivamente su cuantía. Con ello se persigue que la comunidad mejore su ya aventajada posición en términos de endeudamiento, puesto que en la actualidad es la cuarta autonomía más saneada del país, con una ratio del 8,8% respecto al PIB frente a la media del 12,6%.
La futura ley será de aplicación a todos los entes del sector público, que a partir de su entrada en vigor deberán presentar y liquidar sus cuentas en equilibrio o superávit. Si excepcionalmente incurren en déficit, estarán obligados a elaborar un Plan Económico Financiero de Reequilibrio donde se detallen las medidas correctoras que prevén aplicar. Y, en todo caso, serán corresponsables de las consecuencias que se deriven del incumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria.
El techo de gasto que acuerde el Consejo de Gobierno se remitirá al Parlamento regional, para su debate y aprobación al inicio del primer periodo anual de sesiones.
Nuevos tributos para financiar objetivos concretos
Durante la reunión de esta mañana se ha analizado además el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, del que ha informado la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Como ya anunció hace tres meses justos, el borrador prevé la implantación de 7 nuevas ventajas fiscales el próximo año, que elevarán hasta los 50 los beneficios fiscales vigentes en 2012. La novedad más relevante es una deducción del 7,5% en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la compra de la primera vivienda nueva, que sólo será de aplicación a los inmuebles iniciados entre el 1 de septiembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, durante los cinco años siguientes a la adquisición y con un máximo de 9.040 euros anuales.
Las otras seis medidas nuevas son una bonificación de 1.020 euros en el IRPF para los autónomos que retomen su negocio (el doble si lo hacen en un núcleo rural); cuatro bonificaciones al sector del juego para paliar las serias dificultades que atraviesa, que solamente estarán vigentes en 2012 y están condicionadas a que las empresas mantengan el empleo y el nivel de actividad, y la exención del pago del Impuesto sobre el Patrimonio a las personas con discapacidad. La recuperación de este tributo para el resto de los contribuyentes permitirá ingresar 39 millones de euros, que se destinarán a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Ahora bien, quizás lo más llamativo del borrador es la incorporación del llamado ‘céntimo sanitario’, que responde a la necesidad de obtener nuevos ingresos que compensen la caída de la recaudación por las figuras impositivas tradicionales y a la insuficiencia de los recursos procedentes del sistema de financiación. La tarifa autonómica en el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, que ya existe en 9 de las 13 autonomías de régimen común -se excluyen las islas-, será de 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno, y de 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo, lo que permitirá que la Junta ingrese 140 millones de euros anuales que se destinarán al pago de la Sanidad. Queda exento el gasóleo de uso especial, que es el que precisan agricultores y ganaderos para el desarrollo de su actividad, así como el gasóleo de calefacción.
Por otra parte, el anteproyecto contempla la creación de lo que se conoce como ‘ecotasa’, impulsada por la Junta a raíz de una proposición no de ley que aprobaron todos los grupos políticos representados en las Cortes. Gravará el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Proporcionará 60 millones al año al Gobierno regional, que servirán para sufragar acciones de carácter medioambiental, mejoras en la eficiencia energética y el abastecimiento más eficiente de parques empresariales y tecnológicos y empresas, y ello sin que tenga incidencia en la tarifa eléctrica que pagan los ciudadanos.
Para finalizar, el texto incluye el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertederos, que se estima que aportará 12 millones de euros anuales que se dedicarán a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.
La suma de los tres conceptos impositivos nuevos supone una partida de 212 millones de euros adicionales, cantidad muy significativa en este momento de escasez de ingresos.
Cabe indicar, al hilo de esto, que Castilla y León era la única autonomía española que no tenía establecidos tributos propios, así como que ha decidido no elevar la tarifa autonómica del Impuesto de la Renta y mantener la práctica eliminación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de padres a hijos y entre cónyuges.
Medidas para toda la Administración que permitirán ahorrar 136 millones
El Consejo de Gobierno de hoy ha servido, por último, para aprobar el grueso del Plan de Racionalización del Gasto Corriente, que permitirá ahorrar 136 millones de euros mediante un compendio de medidas que afectan a toda la Administración de la Junta de Castilla y León. Este documento tiene como precedentes numerosas medidas de contención del gasto como el Acuerdo 67/2010, de 1 de julio, el Código de Austeridad de los Altos Cargos, la reestructuración del Gobierno o la reducción del número de miembros del Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas. Se complementará con otras actuaciones de carácter específico, en las que está trabajando ya cada consejería.
Entre las iniciativas que incluye el plan, que desplegará todos sus efectos en años sucesivos, figura la ya acordada reducción del 30% del número de liberados sindicales y la congelación de la oferta de empleo público, excepto en los servicios públicos esenciales.
En el área de personal se opta por no rebajar las retribuciones, que en 2012 serán las mismas que en 2011. Al tiempo, se propone aumentar la jornada laboral de los empleados públicos en 30 minutos diarios -hasta volver a las 37,5 horas semanales-, y flexibilizar los horarios de entrada y salida, medidas que deberán ser ratificadas mañana en las correspondientes mesas de negociación de la Función Pública. El documento también contempla la intensificación del control del absentismo laboral, amén de una nueva regulación de la complementación económica de la prestación por incapacidad.
En materia de subvenciones, se obliga a que todas las convocatorias tengan en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios y se establece la necesidad de que haya indicadores de resultados para asegurar su eficacia. Por otro lado, las ayudas que sirvan para la financiación global de entidades estarán sujetas a similares reducciones del gasto que las aplicadas al conjunto de la Administración.
Junto a esto, la norma recoge la reorganización del sector público de la comunidad, reduciendo el número de empresas, entes y fundaciones; la aplicación de las medidas de jornada, oferta pública y retributivas de la Junta a este tipo de entidades; el impulso de la teleformación; la racionalización de las acciones que se llevan a cabo con el Fondo de Acción Social, y la potenciación de los servicios de prevención de riesgos laborales propios.
A esto hay que añadir la rebaja sustancial de los contratos de seguridad y limpieza en los edificios públicos; la implantación de planes de ahorro energético en las dependencias administrativas; la gestión integral del patrimonio y los alquileres; la enajenación, arrendamiento o concesión de los inmuebles que estén en desuso, con el fin de obtener recursos; la venta de bienes muebles obsoletos o infrautilizados; la fusión de todos los centros de proceso de datos en uno; la extensión de la central de compras; la integración de los teléfonos de información en el servicio 012, y la unificación progresiva de las oficinas de atención a los ciudadanos.
