La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica celebra la decisión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU de visitar España para conocer de primer mano la desaparición de 113.000 civiles que fueron víctimas de la represión franquista.

En agosto del año 2002 la ARMH presentó en Ginebra, ante el Grupo de Trabajo, los casos de 64 desaparecidos como consecuencia de la represión franquista. Seguidamente el caso fue defendido en Nueva York, por la abogada Montserrat Sans, y en ese ocasión la asociación fue acompañada por representantes de la Brigada Internacional Abraham Lincoln, que requirió información acerca de 350 ciudadanos norteamericanos que viajaron a la guerra civil español y de los que se desconoce su paradero.

La decisión del Grupo de Trabajo entonces fue: "que, aunque en el mandato de este procedimiento público especial no existe una clara limitación temporal respecto de su competencia, sólo admitirá aquellos casos ocurridos con posterioridad a la fecha oficial de establecimiento de las Naciones Unidas, es decir luego del 24 de octubre de 1945". Como consecuencia de la presentación de los casos, España apareció por primera vez en el informe anual del Grupo de Trabajo, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/103/96/PDF/G0410396.pdf?OpenElement (página 49).

Es fundamental la labor de Organizaciones No Gubernamentales españolas como la Asociación para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) y Rights International Spain (RIS), que han llevado a cabo un intenso trabajo para terminar con la impermeabilidad del poder judicial español a la legislación internacional de los derechos humanos. Ambas organizaciones han informado al Grupo de Trabajo de la situación de la víctima de la dictadura franquista y en el caso de RIS, recientemente ha presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo una demanda contra el Estado español en representación de Fausto Canales, hijo de un desaparecido.

El pasado 1 de agosto, en el décimo aniversario de la presentación de los 64 casos, la ARMH remitió una carta a los miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. En ella se explicaba que "las familias siguen teniendo ayuda de expertos y voluntarios pero tienen que construir su propia reparación, buscando ayuda para poder dar un sepultura digna a un ser querido antes de morirse". Y añadía que "desde la entrada en vigor de la convención (contra las desapariciones), el 23 de diciembre de 2010, el Gobierno español no ha llevado a cabo ningún tipo de acción para ayudar a las familias".

La carta llevaba adjuntos algunos informes de organismos de derechos humanos sobre el caso de los desaparecidos españoles y el informe arqueológico y forense de la una de las exhumaciones. Finalmente se invitaba al grupo a "visitar "una de nuestras exhumaciones".

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