Se cumplen 37 años desde la muerte del dictador Francisco Franco, y diez desde que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados condenara por primera vez la dictadura franquista y recomendara a las instituciones atender las reclamaciones de las familias de las víctimas del franquismo.

Con ese motivo la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha remitido una carta, entregada en el registro del Palacio de la Moncloa, en la que le solicita el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aplique y haga aplicar la legislación humanitaria que dicta los derechos de las víctimas de la dictadura.

En especial, y tratándose de esa fecha, la ARMH ejemplifica el maltrato que se les da a las víctimas de la dictadura franquista cuando "están obligadas por el Estado a pagar con sus impuestos la tumba del dictador que tanto daño les causó". Hablamos además de miles de familias que tienen a sus abuelos, tíos o hermanos en fosas comunes, sin que el Estado haya reparado ese daño.

En países como Portugal o Italia las tumbas de sus dictadores son responsabilidad familiar  y no son tratadas como un bien público. Pero paradójicamente en España la tumba de Franco, dentro del Valle de los Caídos. forma parte del patrimonio del Estado y se mantiene con fondos públicos, a los que contribuyen los familiares de los 113.000 desaparecidos como consecuencia de la represión.

La ARMH también exige que el Estado se haga cargo de la búsqueda de los desaparecidos y las desaparecidas, porque las existencia de cientos de fosas comunes "debería avergonzar a cualquier democracia y en especial a quien tiene la posibilidad real de resolver este problema". 

La ARMH califica de maltrato, la falta de reparación por parte del Estado que sufren las víctimas de la dictadura franquista

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