Las asociaciones en defensa de la lengua leonesa Faceira, Furmientu, El Teixu, La Caleya y Documentación y Estudio de El Rebollar denuncian que la Junta de Castilla y León mintió al Consejo de Europa sobre la protección del leonés. Además, el gobierno autonómico plantó al Comité de Expertos designado para analizar el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España

El Consejo de Europa acaba de hacer público el tercer informe periódico para España sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, tratado internacional ratificado por España en 2001 que pretende la protección de las lenguas regionales o minoritarias europeas. Desde la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 2007, por la que el leonés alcanzó el estatus de lengua protegida de conformidad con su artículo 5.2, dicho tratado ampara también a este idioma, y, en consecuencia, el Consejo de Europa también ha valorado en este último informe el nivel de cumplimiento de la Carta por el gobierno autonómico de Castilla y León en relación con el leonés.

En la información facilitada en 2010 por la Comunidad de Castilla y León al Consejo de Europa, el gobierno autonómico mintió repetidas veces al afirmar que se estaban realizando actuaciones para la protección y fomento del leonés, lo que no es cierto tal y como se constata en el informe del Consejo de Europa. El gobierno de la Junta señaló además que dichas actuaciones estaban siendo desarrolladas desde la administración autonómica por la Dirección General de Promoción e Instituciones Culturales, a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Sin embargo, dicha Dirección General nunca se ha ocupado de promocionar el leonés, función que ni siquiera está entre sus competencias, y el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua es una simple fundación privada, no un órgano administrativo, dedicada expresamente a la promoción del español. Se da la circunstancia de que la Junta de Castilla y León nunca ha desarrollado programa alguno para el fomento del leonés, ni ha destinado nunca partidas presupuestarias que den cumplimiento al mandato estatutario de protección y regulación del leonés, a diferencia de lo ocurre con las lenguas gallega y vasca en Castilla y León.

En 2011 la Secretaría para la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa solicitó información adicional a la Junta de Castilla y León interesándose además sobre cuál era el organismo administrativo que se ocupaba en dicha comunidad de la protección del leonés, sin recibir contestación alguna. Asimismo, convocó a una representación de la administración autonómica a una reunión con el Comité de Expertos encargado de analizar la aplicación de este tratado internacional a las lenguas regionales o minoritarias de España, reunión prevista para el 7 de julio de 2011 en la sede de la Comisión y del Parlamento de la Unión Europea en Madrid a la que no acudió ningún representante de la Administración Castilla y León, siendo la única comunidad de las convocadas que eludió dicha cita.

En el informe aludido el Consejo de Europa recomienda a la Administración de Castilla y León actuaciones decididas para proteger al leonés, y solicita a esta comunidad autónoma que informe expresamente sobre las medidas adoptadas en el próximo informe periódico. Asimismo, se recuerda a la Junta de Castilla y León que el simple reconocimiento del leonés en el Estatuto de Autonomía no es suficiente para su promoción y protección, y que se necesitan medidas concretas y prácticas para facilitar y promover el uso del leonés en la vida pública. El leonés, continúa el informe, no se enseña en el sistema educativo ni es empleado por la Administración, por lo que el Comité de Expertos que lo suscribe anima a las autoridades a tomar medidas para ofrecer el leonés como una parte integral del plan de estudios, al menos como una asignatura, y con carácter preferente en aquellas zonas donde se habla.

El informe concluye señalando que el leonés conforma una unidad con el asturiano y con el mirandés, y que, aunque esta lengua está reconocida en el Estatuto de Castilla y León de 2007, las autoridades autonómicas no han adoptado hasta la fecha la regulación oportuna para su protección y promoción, ni se han desarrollado medidas prácticas relevantes para proteger esta lengua.


Subscriben esta nota las siguientes asociaciones en defensa de la lengua leonesa: Faceira (León), Furmientu (Zamora), El Teixu (Asturias, León, Zamora y Bragança), La Caleya (León) y Documentación y Estudio de El Rebollar (Salamanca).

 

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