Los Ecologistas consideran el Plan Integral de Residuos de Castilla y León regresivo, sobre todo porque dará cobertura legal a la incineración de residuos domésticos - una actividad que hasta ahora no contemplaba la normativa sectorial de ámbito regional (planes de RSU y residuos de envases) - ;  así como a la incineración de distintos flujos de residuos industriales, incluso procedentes de otras comunidades autónomas.
 
A falta de incineradoras en la comunidad,  la quema de residuos se llevará a cabo en las instalaciones que utilizan residuos como combustibles, que son principalmente las tres cementeras que existen en Castilla y León. 
 

El Plan perjudicará sobre todo a la provincia de León, que cuenta con dos de estas fábricas: una en La Robla, a escasos kilómetros de la ciudad de León;  y otra en Toral de los Vados en El Bierzo,  donde la población se ha manifestado en repetidas ocasiones, de forma multitudinaria, contra una actividad lesiva para el turismo y la producción agroalimentaria de calidad que distingue a esta comarca.
 
“La incineración de residuos es una actividad peligrosa para la salud y el medio ambiente que sólo beneficia  a la  industria cementera (decidida a convertirse en gestora de todo tipo de desechos ante la caída de las ventas de cemento)  y a las grandes constructoras, empresas  multiservicios como FCC y Urbaser (concesionarias del CTR de San Román de la Vega en León) que gestionan las plantas de tratamiento de residuos de Castilla y León, no con criterios medio ambientales sino buscando el máximo beneficio”.
 
Y dado que el Plan se expone al público en los meses de julio y agosto, los menos indicados para facilitar  la participación ciudadana, se ha solicitado  la paralización de la tramitación del Plan y la apertura de un amplio debate que permita a la población de Castilla y León pronunciarse sobre la conveniencia, o no, de utilizar las cementeras  como incineradoras de residuos.
 
Ecologistas en Acción de León  llama a la participación ciudadana poniendo a disposición del público una alegación al Plan Integral de Residuos de Castilla y León, que está en periodo de información pública hasta el 2 de septiembre.

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