Las asociaciones en defensa de la lengua leonesa Faceira, Furmientu, El Teixu y Documentación y Estudio de El Rebollar y La Caleya ejercieron el derecho de petición ante las Cortes de Castilla y León para reclamar que se cumpla lo dispuesto en el artículo 5.2 del Estatuto de la Comunidad, desarrollando una ley y una política lingüística que garanticen la protección del leonés y su enseñanza. Estas organizaciones denuncian que la situación actual vulnera la Constitución, el Estatuto y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.

Pese a que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León dispone que “el leonés será objeto de protección específica” y que “su protección, uso y promoción serán objeto de regulación”, según estas asociaciones, las instituciones de la Comunidad Autónoma mantuvieron una inactividad absoluta en materia lingüística. Esta es la razón que mueve a Faceira, Furmientu, El Teixu, Documentación y Estudio de El Rebollar y La Caleya a ejercer el derecho de petición a las Cortes de Castilla y León, solicitando que se cumpla y desarrolle el mandato estatutario.

En concreto, las asociaciones citadas solicitan que se desarrolle mediante una ley el artículo 5.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, observando en su redacción los principios y objetivos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, así como que se lleve a cabo una política de protección y promoción del leonés de acuerdo con las recomendaciones del Comité de Expertos del Consejo de Europa expresadas en su tercer informe periódico para España.

Las organizaciones en defensa del leonés, denominado también asturiano o bable en el Principado de Asturias y mirandés en Portugal, recuerdan que la protección y salvaguarda de esta lengua viene exigida no sólo por el mandato estatutario, sino también por la propia Constitución Española y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, ratificada por España en 2001. Del mismo modo, destacan que tanto el Procurador del Común como el Comité de Expertos del Consejo de Europa ya denunciaron la falta de cumplimiento del mandato estatutario e instaron a las autoridades castellanas y leonesas a promover y proteger el leonés.

Por último, denuncian también que la omisión de las obligaciones autonómicas en cuanto a la protección del leonés significa además una política discriminatoria entre los hablantes de las lenguas minoritarias de la comunidad, pues la promoción del gallego y del euskera que realiza la Junta, aun siendo insuficiente, contrasta con la indefensión en que se mantienen al leonés y sus hablantes, pese a ser una lengua con una regulación estatutaria de mayor entidad.

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