La asociación Stop Desahucios Bierzo Laciana Maragatería La Cabrera va a presentar mañana viernes, día 31 de enero, una moción en las oficinas de la Junta solicitando a los ayuntamientos bercianos la elaboración de una ordenanza municipal que permita sancionar a los bancos y grandes empresas que tengan viviendas vacías en propiedad. Viviendas a las que, añaden, “no dan uso social y que en la actualidad, y durante mucho tiempo, han estado y están cerradas”.

Justifican que “muchas de estas viviendas han sido y son de las que los bancos y las empresas financieras de este país han arrebatado a los ciudadanos a causa de la crisis y por la provocación que conlleva la estafa de los contratos hipotecarios, en su mayoría con cláusulas abusivas y usurearas”. Una razón fundamental para plantear esta moción para que los ayuntamientos estudien la fórmula para implantar unas medidas para obligar a los bancos a dar un uso de vivienda social “a las viviendas que nos arrebataron, con la connivencia de los políticos”.

“Con esta moción instamos a las corporaciones locales de nuestro entorno a aprobar una ordenanza municipal que exija a los bancos y a las empresas de financiación hipotecaria a dar un verdadero uso social a las viviendas vacías que son de su  propiedad”, destacan en la nota de prensa. Es más, piden un mecanismo sancionador en caso de que éstos se nieguen. Y en el supuesto de existir estas sanciones consideran que los ayuntamientos deberían destinar la recaudación “a un verdadero fondo social de reserva de viviendas destinadas a familias en situación de necesidad”.

Stop Desahucios recuerda que existe una “obligatoriedad el cumplir con las exigencias de la Ley de Vivienda de Castilla y León, de este modo se confirmaría que la obligatoriedad del cumplimiento de las leyes, en este país, no es sólo para los ciudadanos más desfavorecidos sino también para las instituciones, para los más poderosos y para la élite de la sociedad, mal llamados políticos que son quienes incumplen todo lo que ellos mismos decretan”.

La plataforma exige a los ayuntamientos que apliquen estas medidas así como una defensa de los derechos a la vivienda que ha sido aprobada por la Junta y que contempla la constitución de una reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social y una reserva para el parque público de alquiler social. Y advierten que no permitirán que la situación continúe con la eliminación de los derechos para tener una vivienda digna, citando no sólo la Constitución Española sino también la Declaración de los Derechos Humanos.

Concluyen pidiendo a los ayuntamientos que se sumen como municipios antidesahucios.

 

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