Unión Progreso y Democracia en Castilla y León apoyará el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local presentado por el PSOE, al considerar que la ley atenta contra los principios de la Carta Magna, al potenciar el papel de las Diputaciones y al subvertir la propia democracia y el derecho de representación recogidos en el artículo 23 de la Constitución.
La formación magenta considera que el texto aprobado por la mayoría parlamentaria del Partido Popular, yerra al no clarificar la distribución de competencias entre las distintas administraciones públicas, potenciar la Diputaciones Provinciales – instituciones de elección indirectas y que sirven sólo a lógica bipartidista – y no mejorar la calidad democrática en los municipios.
No obstante, el apoyo al recurso no implica que se esté de acuerdo con las propuestas de PSOE, IU u otros partidos. Al contrario, UPyD no puede sino discrepar con el modelo territorial del Partido Socialista, cuyo concepto de municipalismo va dirigido a mantener su representación en el territorio, sin importar el tamaño del municipio y sin atender a la capacidad de prestación de unos servicios que los ciudadanos merecen por derecho.
El coordinador territorial, Rafael Delgado, señala la necesidad de evitar que se aplique una ley que “atenta contra el municipalismo y sobre todo contra los derechos de los ciudadanos”. Delgado lamenta “la oportunidad perdida” que ha supuesto la aprobación de esta ley y critica la “visión interesada” de los socialistas en el mantenimiento “de todos los órganos en los que puedan arañar representación”
UPyD en Castilla y León ya presentó en enero de 2013 una propuesta de Ordenación Territorial con el ciudadano como protagonista y por la que se pasaban de los 2.247 municipios actuales a tan solo 77 en toda la región. Estos municipios contarían con las actuales competencias de los de más de 20.000 habitantes y sus representantes serían elegidos directamente por sus vecinos y no por los partidos políticos. Todo ello haría innecesarias Diputaciones Provinciales, Mancomunidades y Consorcios y supondría un ahorro para las arcas públicas de al menos 300 millones de euros al año.
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