La Asociación Plataforma Ciudadana en Defensa de los Derechos Sociales, la Asamblea Comarcal 22M Bierzo, el Partido Compromiso Socialista, el colectivo Parados Paradas en Marcha 22M Bierzo Alto, el colectivo Paradas y Parados en Marcha 22M Kubillos del Sil y la Plataforma Ciudadana Dignidad de la Clase Obrera Bierzo, quieren dejar patente su solidaridad con el “compañero”, Ramiro Pinto que se declaró en huelga de hambre el martes 15 de julio a las 12’30 horas y que desde entonces ha iniciado un encierro en la Dirección Provincial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en la calle San Marcos de León.
Estos colectivos se sumarán el domingo, día 20 de Julio, a la concentración que se realizará en León a las 12, 30Horas en la Gran Vía de San Marcos, en la Delegación de Trabajo, “para protestar por la agresión permanente a los trabajadores en paro”.
“La agresión a los trabajadores en situación de desempleo por parte de las administraciones públicas y, en especial, por el Gobierno del PP en este País y con un marco legal, que sólo favorece a los empresarios y ha dejado desprotegidos a los trabajadores. Las leyes que se vienen aprobando, desde hace no poco tiempo, no son para la creación de empleo sino para la destrucción del mismo y de la dignidad de la Clase Obrera, estas leyes sólo hacen que destruir a miles de personas mediante una violencia sistemática ejercida desde la ley, lo cual no se puede consentir bajo ningún concepto, ni por más tiempo. Es necesaria la respuesta en legítima defensa. Por ello se plantea una acción pacífica, contumaz y persistente hasta el cumplimiento de los objetivos, haciendo una llamada de atención al conjunto de la sociedad para que no sea cómplice de esta situación degradante e indigna, pero que no degrada a quien padece tal situación como se quiere hacer creer a quienes sufren sus consecuencias, sino a la sociedad que lo consiente y en la que sucede con total impunidad”.
“No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”.
Según el Consejo General del Poder Judicial, dicen estos colectivos, el número de desahucios (lanzamientos) en 2012 fue de 101.034 y en 2013 el 37,5% fue motivado por ejecuciones hipotecarias y el 57,7%, por ejecuciones de arrendamiento. “Resulta inadmisible que en un estado democrático, social y de derecho a la vez que el uso y disfrute de una vivienda digna, el empleo en un trabajo digno y la garantía de suficiencia económica de las personas son derechos constitucionalmente declarados, se consienta que simultáneamente existan situaciones en las que a las personas se les prive de ellos. Por todo esto hacemos un llamamiento a la ciudadanía a la defensa de los derechos sociales universales y por la dignidad de la clase Obrera”.
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