Hace 14 años, el 28 de octubre de 2000, finalizaba en Priaranza del Bierzo la exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de 13 republicanos, 13 civiles asesinados por un grupo de falangistas el 16 de octubre de 1936. Durante el transcurso de los trabajos, numerosas personas acudieron al lugar de la excavación para pedir ayuda en la búsqueda de sus desaparecidos. Y como consecuencia, un grupo de personas decidieron crear la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), para prestarles esa ayuda que se les estaba negando desde el Estado.
Desde entonces y con la colaboración de numerosas personas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha podido ayudar a decenas de familias a recuperar los restos de sus seres queridos, además de ayudar también a cientos de ellas a conocer el destino que corrieron sus familiares. La ARMH entiende que, tras la muerte del dictador Franco, se construyó una democracia fundamentada en el olvido, consolidada con la Ley de Amnistía. Esta Ley, aprobada en octubre de 1977 gracias, entre otros, a los votos de la izquierda mayoritaria en el Congreso de los Diputados (PSOE y PCE), según recuerdan desde la ARMH, dice en su Artículo 2.f que quedan amnistiados “los delitos cometidos por funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”. De ese modo, se asentaba la impunidad de cualquier violación de los derechos humanos cometida antes del 15 de diciembre de 1976.
“Por todo ello y desde el año 2000, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) trabaja para conocer nuestro pasado, pedir justicia para quienes sufrieron injusticias y profundizar en nuestra democracia”.
Desde el inicio, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) entendió que su labor se encaminaba a la defensa de los derechos humanos, para lo cual se asesoró con algunos de los abogados que llevaban en la Audiencia Nacional casos de desapariciones forzadas en Chile, en Argentina o en Guatemala. En la primavera del año 2002, inició los trámites ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el fin de que exigiera al gobierno español la aplicación de la legislación internacional con respecto a la desaparición forzada a la que está adscrito. La gestión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), recuerdan, hizo que, en el año 2003, España apareciera por primera vez en el informe del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU. Y el 14 de abril de 2010 fue, junto a familiares de varios desaparecidos, una de las organizaciones impulsoras del proceso conocido como la Querella Argentina contra el Franquismo.
A partir de entonces, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha llevado a cabo decenas de exhumaciones de fosas comunes por todo el territorio estatal – más de 150-, ha conseguido llevar las cuestiones sobre memoria histórica a la agenda política, ha asentado la participación multidisciplinar de diferentes ciencias alrededor de las víctimas de la dictadura franquista, ha dado voz a quienes siguen gritando que quieren justicia, y este trabajo, aseguran, no ha concluido. Según el informe enviado al Gobierno español desde la ONU, todavía quedan 114.226 hombres y mujeres desaparecidos durante el franquismo “y el estado español no ha hecho nada por ellos/as”.
Desde el año 2011 el Gobierno ha suprimido todas las ayudas destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo, utilizadas por la ARMH para la exhumación e identificación de las víctimas. A pesar de todo, la ARMH sigue trabajando, manteniendo por ahora el laboratorio del Campus universitario de Ponferrada, “aunque no sabemos por cuánto tiempo”.
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