La Plataforma de Omaña para la Defensa de las Juntas Vecinales, después de analizar la Ley de Reforma de la Administración Local, concluye que sus objetivos reales no son los que se han proclamado desde el poder político, sino los que emanan de "la ideología neoliberal que la sustenta: la  reducción  del  ámbito  público  de gestión  y  participación  política  vecinal,  y  la  puesta  a  disposición  del  interés  privado  de los recursos y bienes que ahora son de titularidad y gestión colectiva".

Próximamente les ofreceremos el texto completo con el análisis exhaustivo que hace la Plataforma en Defensa de las Juntas Vecinales de esta ley (Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  Administración  Local, publicada  en  el  B.O.E.  del  30  de  diciembre 2013)

Estas son sus conclusiones:

Esta Ley va a transformar de manera sustancial la organización y el funcionamiento de las Administraciones Locales. Supone un atentado contra el principio constitucional de la autonomía local, dejando a los municipios vaciados de competencias, intervenidos por el Estado y dependientes de las Diputaciones.

Basada en criterios economicistas y, utilizando a favor de sus intereses conceptos como “eficiencia”, “sotenibilidad” o “racionalización”, esta Ley trasluce los objetivos no declarados de la ideología neoliberal que la sustenta: la reducción del ámbito público de gestión y participación política vecinal, y la puesta a disposición del interés privado de los recursos y bienes que ahora son de titularidad y gestión colectiva. En el caso de nuestros pueblos, lo que se persigue subrepticiamente es la apropiación de los bienes comunales (bosques, tierras, agua), el patrimonio y la gestión de los servicios básicos de juntas vecinales y pequeños ayuntamientos, así como la desaparición de una figura tan democrática (y por lo tanto tan incómoda para los intereses que se promueven desde el Estado neoliberal) como es la del concejo o asamblea vecinal, último referente en la toma de decisiones sobre el común, que a día de hoy, aún resiste en algunas de nuestras poblaciones.

A día de hoy, la mayoría de nuestras juntas vecinales, y algunos pequeños municipios, ya cumplen con eficiencia y de manera sostenible, a través de la gestión racional de su patrimonio y recursos, respecto a los servicios y atribuciones que tienen encomendados por ley. Y lo hacen además, en muchos casos, de manera democrática, siguiendo los criterios decididos por sus vecinos y vecinas y rindiendo cuentas ante ellos, sin que esto suponga, en la práctica totalidad de los casos, coste alguno para las arcas del Estado.  
 
Ha de quedar claro, por lo tanto, que el principal motivo aducido para su reforma, control o supresión, no puede ser reducir el gasto que puedan generar, puesto que, tal y como aparece expuesto en el documento Plan Presupuestario 2015 del Reino de España, con fecha 15 de octubre de 2014 (documento que el Gobierno del Estado ha remitido a la Unión Europea para informar de sus perspectivas en materia presupuestaria y de ahorro en el gasto público), sólo un 0,17% de lo que supone el ahorro previsto con la reforma de la Administración Local para el periodo 2014‐2020 provendrá de la supresión de Entidades locales menores.  
 
Incluso, aún dentro de esos parámetros argumentales, como expone el Dictamen 51/2014, de 24 de marzo, del Consejo Consultivo del principado de Asturias, “la supresión de las ELM y pequeños ayuntamientos no comporta necesariamente una mejora de la eficacia o sostenibilidad de la estructura administrativa”. 

 

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