La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentará la próxima semana ante la Fiscalía, un informe en el que ha recopilado declaraciones de representantes políticos con insultos y humillaciones a las víctimas de la dictadura franquista. Se trata de una petición, según la ARMH, para que el Estado tenga en cuenta los derechos de las víctimas de desaparición forzada, a los que las instituciones deben proteger.

La desaparición forzada, de la que en la dictadura franquista hubo como mínimo 114.226 víctimas, es el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano: se detiene ilegalmente a un ser humano, se le tortura, se le asesina y se esconde su cadáver, para extender el sufrimiento de su familia al no conocer su paradero.

Según la Convención contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, ratificada por España, el delito sólo empieza a prescribir cuando se da con el paradero de la persona desaparecida. Esa misma convención dicta la protección y la atención especial que requieren los familiares de los desaparecidos, algo que según la ARMH ha sido vulnerado desde las instituciones.

En el informe hay declaraciones de Mariano Rajoy, Rafael Hernando, Esperanza Aguirre o el alcalde popular de Baralla, en Lugo, que en un pleno aseguró que los asesinados por la represión de la dictadura franquista murieron porque lo merecían.

El informe será remitido además al Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, al Relator Especial de la ONU para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición; a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, a la oficina de la Defensora del Pueblo y al Comité de Garantías del Partido Popular, porque en el artículo tercero de los estatutos del PP declara ser un partido “solidario con las víctimas de cualquier violencia”.

Con ello, la ARMH pretende denunciar “la doble moral con la que se seleccionan desde las instituciones víctimas de violencias que requieren atención y respeto y otras a las que se humilla públicamente sin ninguna consecuencia política ni judicial. Un Estado democrático debe atender a todas las víctimas de la violencia y no discriminar cuáles interesa políticamente atender y cuáles no”.

 

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