La representación laboral del centro de Indra en San Román de Bembibre ha expresado su satisfacción por el principio de acuerdo alcanzado a nivel nacional que podría dejar a salvo los tres despidos previstos en el centro Censolor. Si bien los representantes de los trabajadores abogan por la cautela a expensas de que la propia empresa les comunique los detalles del preacuerdo, en principio las 220 personas del convenio del metal salen del ERE para beneficiarse de prejubilaciones, “lo que significa que no habría despidos forzosos en la provincia de León”.

Así lo han puesto de manifiesto la delegación de Bembibre, que transmitió su “alivio por dejar de estar en los planes de reestructuración de la plantilla”. Algo que, tal y como comunicaron la pasada semana con motivo de la huelga de Indra, “nos parecía ilógico ya que es una empresa que presume de gran estabilidad laboral y ahora siempre habíamos dado beneficio”.

Por lo pronto, las partes han alcanzado este principio de acuerdo que deberán ratificar las secciones sindicales correspondientes, y que supone reducir en 100 el número de trabajadores que se incluirán en el ERE previsto en el plan de reestructuración, pasando de 1.850 a 1.750 en términos globales. Sin embargo, este número es superior si se tiene en cuenta que 350 personas mantendrán sus empleos aunque algunos con reducciones salariales y en otros casos con recolocación en empresas del grupo y subcontratadas.

De los 1.400 restantes otros 600 trabajadores podrán prejubilarse, y ésta podría ser la clave en la provincia de León que evite el despido propiamente dicho puesto que las personas del convenio del metal afectadas por el ERE saldrían del mismo para incluirse en el plan de prejubilaciones.

Las restantes 800 personas se verían afectadas por el despido propiamente dicho, aunque los interesados podrán acogerse a bajas incentivadas. En última instancia, se aplicará con el resto el despido forzoso.

“Nos solidarizamos y mostramos nuestro más sincero apoyo a los compañeros de otras delegaciones que verán reducido su salario hasta un 20%, les obligarán a cambiar de domicilio, o peor aún, les obligarán a irse forzosamente”, destacan desde la delegación de San Román, quienes añaden que “consideramos que es injusto que sea el trabajador el que pague un movimiento para hacer a una empresa rentable ya que, aunque las indemnizaciones sean superiores a las planteadas en un inicio y para algunos pueden parecer jugosas, supone un precio muy alto perder el trabajo en contra de tu voluntad”.

El centro de San Román de Bembibre entiende que las acciones de protesta de la pasada semana fueron determinantes para “enfrentar la última negociación con más garantías”, tanto las concentraciones de trabajadores en todos los centros del país como las marchas en Barcelona hasta el Parlament, donde los representantes de los grupos políticos se comprometieron a enviar una carta a la empresa expresando su preocupación; así como las manifestaciones en Madrid como la de la sede del SEPI, la cual reunió según sindicatos a 3.000 personas, concluyen los representantes de los trabajadores.

 

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