A partir de enero de 2017 Castilla y León pondrá en marcha las primeras quince unidades de gestión clínica. Dos de las tres Unidades que se pretenden implantar en León están destinadas al Hospital del Bierzo, concretamente en los servicios de Neumología (en el que, por casualidad, apostillan en Podemos, ya trabaja personal “externo”) y Psiquiatría y Salud Mental.
Podemos afirma que “las unidades de gestión clínica encubren privatizaciones, fragmentando los centros sanitarios en múltiples entidades empresariales con autonomía plena para gestión”, lo que advierten implica:
– Creación de un mercado interno sometido a las leyes de la competencia, dotando a estas unidades de personalidad jurídica propia para que se puedan convertir en empresas y competir entre sí.
– Presupuesto propio y capacidad para comprar y vender sus servicios. Dar entrada en los centros públicos a capital y proveedores privados, laboratorios farmacéuticos y la industria tecnología sanitaria.
– Someter y controlar a los profesionales y trabajadores sanitarios:
Se incentiva económicamente a los profesionales para que reduzcan el gasto sanitario.
Su “gestión” está sujeta a valoración subjetiva y arbitraria de la dirección de la unidad, llevando implícito que trabajadoras y trabajadores vean cambiados sus turnos y modificadas sus vacaciones sin sentido, dependiendo únicamente de una persona, que es quien puede conceder o no ciertos aspectos en función de cómo le caigas o si accedes y haces las funciones que ese o esa directora decida.
– Laboralizar al personal privándole de las garantías del Estatuto Marco para controlar sus decisiones clínicas, reducir sus salarios, eliminar su estabilidad y condiciones laborales.
La aprobación el 24 de julio de la ley que modifica el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ha ahondado los temores en este sentido. La apuesta del Gobierno por las Unidades de Gestión Clínica (UGC) es evidente. El 30 de julio, cinco días después de la modificación del Estatuto Marco, el Ministerio de Sanidad firmaba con el Foro de la Profesión Médica un pacto que prevé su implantación a nivel estatal y autonómico, y aprobar las “modificaciones normativas” necesarias.
· Deterioro de los derechos de los profesionales que perderían las garantías del Estatuto del Personal (estabilidad, seguridad y libertad de decisión).
· Romper la unidad vinculándoles a diferentes empresas con múltiples condiciones laborales.
· Hacer cómplice al personal de las políticas de recortes asistenciales a los ciudadanos permitiéndoles quedarse con una parte de los ahorros generados en los procesos asistenciales.
– Cambiar el modelo sanitario público, universal, accesible y redistributivo establecido por la Ley General de Sanidad:
· Desmantelamiento del sistema sanitario que se fragmentaría en múltiples parcelas de poder y negocio con participación del capital privado y de grupos empresariales.
· Eliminar los actuales servicios y sustituirlos por entidades empresariales controladas por gerentes dotados de una gran capacidad de decisión y orientadas al beneficio personal.
· Acabar con el modelo comunitario basado en entidades territoriales y nieles asistenciales coordinados desde la Atención Primaria (AP) y con participación social.
· Desmantelamiento del nivel de Atención Primaria para crear las Áreas de Gestión Integrada (las Gerencias de AP están siendo sustituidas por Direcciones de Procesos Asistenciales). Esto supone que “el nivel primario de atención” quede sometido a los intereses de las Gerencias de los hospitales para los que éste ámbito de atención pasaría a realizar la función de puerta de entrada al Sistema Sanitario, seleccionando los pacientes por su complejidad, trasformando la AP en la portera del sistema para seleccionar pacientes y patologías de acuerdo a los intereses empresariales de las UGC de los hospitales.
· Trabas de acceso a determinados servicios a los pacientes con patologías no rentables (selección de riesgos), por estas empresas que tienen la oportunidad de apropiarse de los beneficios económicos que se generen.
· Se le da la oportunidad a las empresas privadas de intervenir e influir de manera directa en las decisiones sobre: qué hacer, cómo, quién y con qué, en las patologías más prevalentes.
· Supone una gran oportunidad de negocio para el sector privado en el tratamiento de determinadas patologías: cáncer, enfermedades coronarias y respiratorias, etc., favoreciendo que la utilización de recursos diagnósticos de alta tecnología y de tratamientos de elevado coste.
“Todo ello permitirá avanzar en la privatización de la provisión con financiación mixta, una parte a través de los presupuestos y otra por los copagos. Se pervierte y desacredita así el concepto de gestión clínica para modificar la situación del personal sanitario (deberá renunciar al Estatuto para poder integrase en las Unidades), se liga la Gestión Clínica a cambios del régimen jurídico de los centros, se fragmenta el sistema público y se da entrada al sector privado”.
Podemos advierte que las consecuencias serán graves tanto para los trabajadores sanitarios como para la población usuaria:
– Menor inversión económica por paciente y, por tanto, peor calidad del servicio.
– Mayor precariedad laboral de los profesionales, que pasarán a presentar una mayor flexibilidad horaria; una menor transparencia en la contratación, o la concesión de premios económicos al personal médico por cumplir “objetivos” de ahorro.
– Un previsible aumento del gasto sanitario innecesario, ya que las Unidades deberán dotarse de un aparato burocrático administrativo para gestionar los recursos como empresas autónomas, mientras que el sector privado buscará maximizar beneficios promoviendo el uso intensivo de las tecnologías.
– La pérdida de calidad, seguridad y de acceso a los servicios para la ciudadanía, especialmente de pacientes aquejados de patologías no rentables económicamente para estas Unidades de Gestión Clínica.
