Luz verde en Castropodame a los presupuestos para 2017, con una previsión de que los ingresos se elevarán a 1.084.092 euros, superiores a los gastos de 869.053 euros. Una sesión plenaria tensa en que la oposición del PP cuestionó abiertamente el cargo de arquitecto municipal y el contrato con un asesor externo para auditar los informes de la secretaria municipal.
Sobre este aspecto, el alcalde de Castropodame, Román Díaz, reconoció que “no me fío de los informes de la secretaria”, un argumento con el que justificó la necesidad de recurrir a un asesor jurídico externo para que informe “si lo que aquí se está diciendo es cierto”.
Desde la bancada del PP, la concejala María del Mar Núñez cuestionó esta decisión e indicó al alcalde que si el informe de la secretaria incurriese en ilegalidad “es responsabilidad de ella, no suya”. “¿Entonces qué problema tiene?”, preguntó.
Díaz argumentó que nunca se ha saltado informes de la secretaria “es más, la señora secretaria siempre pone abajo una coletilla en la que se dice que ese informe siempre está sometido a otro informe mejor valorado en derecho que en su informe”. “¿Cómo puedo saber yo si hay otro informe mejor valorado si no se lo llevo a alguien que me pueda decir que hay otro informe?”.
El portavoz del PP, Alfonso Pérez, se mostró crítico con esta decisión cuando los informes los elabora la secretaria “bajo su responsabilidad” toda vez que cuatificó el coste jurídico externo en 5.000 euros anuales.
Otro de los puntos que dio lugar a polémica fue el cargo de arquitecto municipal externo. El portavoz ‘popular’ considera que se trata de “un capricho” del equipo de gobierno, y en concreto justificó que los informes de aquel “no son válidos”, amparándose en la valoración que hace del mismo la secretaria municipal. “Está cobrando 7.188 euros al año”, advirtió el portavoz de la oposición, que añadió que el hecho de que sus informes no sean vinculantes “no nos está haciendo nada, hace un informe que no sirve para nada”.
Por su parte, el alcalde reprochó que esta advertencia no se hubiera hecho antes cuando el arquitecto municipal desarrolla sus funciones en el Ayuntamiento de Castropodame desde 2002 y la secretaria desde 2010. “¿Por qué no se hizo antes un informe y por qué en este momento sí, por qué los informes antes eran válidos y de repente dejan de ser válidos?”, preguntó.
Alfonso Pérez insistió en “capricho” e incluso “un favor”, justificando que los informes que realmente tienen validez son los de la secretaria interventora, y planteó que si es necesario un arquitecto el Ayuntamiento recurra al Servicio de Atención a Municipios del Consejo Comarcal (SAM). El alcalde separó los informes del arquitecto y funcionaria, respectivamente, “una cosa es un informe jurídico y otra un informe técnico”, y añadió que “cuando hay advertencia de legalidad se ha mandado al Consejo”, pero que un informe de este organismo “puede tardar hasta tres meses”.
También hubo debate respecto al sueldo del alcalde. Núñez criticó el coste para el Ayuntamiento de “2.317 euros más dietas que paga todo el municipio”, una cantidad con la que discrepó el alcalde ya que están incluidos los costes de Seguridad Social por cuenta del Ayuntamiento. “Para mí lo que cobro es lo que yo me llevo a mi casa”, replicó Díaz.
El alcalde declaró que “es el mismo sueldo de todos los años”, y recordó que la Ley le permite cobrar hasta 40.000 euros anuales “y queda prácticamente a la mitad de lo que me permite la Ley”. Añadió que “nunca había valorado lo que estaba cobrando pero ahora veo que es una insignificancia”, y señaló a los expedientes para justificar que “todas estas carpetas son una responsabilidad”.
