Una vecina de Congosto ha denunciado que el Ayuntamiento de Congosto derribará su casa en cuestión de días, el próximo 7 de mayo, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sin embargo, a pesar de que la construcción se inició en terreno que no contemplaba inicialmente urbanización alguna, un cambio normativo le permitiría legalizar la construcción años más tarde, trámite que inició pero sobre el que no hubo respuesta.

La propietaria responsabiliza al Ayuntamiento de no reconocer las licencias correspondientes (por silencio administrativo) y que mantenga el derribo programado por no haber accedido a un supuesto pago irregular que le hubiera servido para regularizar la situación.

“Creo que es hora de que cuente todo lo que he estado viviendo estos 12 últimos años”, relata la afectada, Rosana Balboa, a través de una petición en change.org. “En el año 2004 construí una casa con proyecto visado y sin licencia bajo el visto bueno del alcalde, como es habitual en estos pueblos. Cuando termine la construcción, unos familiares me denunciaron para chantajear a mi madre con su herencia y he estado todos estos años de juicios”.

En el año 2016, la Junta de Castilla y León introdujo las modificaciones de la Ley 7/2014 en el Reglamento de Urbanismo, y concretamente el artículo 313 contempla la posibilidad de otorgar licencia de uso provisional en suelo urbano no consolidado. De hecho, el arquitecto del S.A.M. del Consejo Comarcal del Bierzo informó en julio de 2016 que el uso de vivienda unifamiliar “es compatible con lo dispuesto para el suelo urbano no consolidado.

“Empecé los trámites para su legalización, pero no estaba en mis planes que tuviera que pagar un peaje a algunas personas relacionadas con el Ayuntamiento de Congosto”, asegura Rosana Balboa en el escrito. Según su relato, “no pagué y denuncié por cohecho y extorsión a los implicados, tema que a día de hoy está en el Juzgado”.

Así se desprende de las grabaciones que tiene la afectada de las diferentes conversaciones con el entonces alcalde, José Antonio Velasco -recientemente inhabilitado judicialmente por prevaricación urbanística en la localidad de Almázcara- y una tercera persona que pudo haber asesorado al regidor en esta materia. En total, 14 horas de grabación que llegaron al Juzgado con la denuncia tanto de la propietaria del inmueble como de la Fiscalía.

Fiscalía se basa en las grabaciones en sus acusaciones

El Juzgado decretó el sobreseimiento provisional de la causa, una decisión que fue recurrida por las partes, incluido el Ministerio Fiscal, que apunta a una persona externa, “una persona que trabaja de forma soterrada para el Ayuntamiento de Congosto […] exige un pago en todo caso indebido (gastos del Ayuntamiento en el expediente de inejecución de sentencia) con la amenaza/intimidación de que en paso de no pagar él le dice al Ayuntamiento de Congosto que la sentencia se ejecute en sus propios términos (derribo de la vivienda)”.

En el mismo escrito, el Fiscal apunta que “se admite claramente que es dinero B (de Bárcenas)” y líneas abajo afirma que “estamos ante una mordida en toda regla que en nuestro derecho se tipifica como un delito de extorsión”.

Respecto al papel del exalcalde, el Fiscal, en mayúscula y subrayado afirma refiriéndose a otra conversación grabada: “sencillamente espectacular, el señor Velasco dice abiertamente que no tramita las alegaciones del Ayuntamiento ni los estatutos del desarrollo del sector urbanístico debido a que doña Rosa Ana no ha pagado” a la tercera persona en cuestión, “una provisión de fondos”.

La propietaria en todo momento alude a que tiene las licencias pertinentes. Por un lado, la petición de legalización que se derivó al SAM con informe favorable, y que posteriormente el Ayuntamiento derivó a la Comisión Territorial de Urbanismo. Sin respuesta en el plazo establecido, sostiene en el escrito de la plataforma change.org que “tengo concedida la licencia provisional por acto presunto y es una construcción que cumple con toda la normativa urbanística vigente”. Sin embargo, la cuestión derivó en un nuevo proceso judicial pendiente de resolver.

A pesar de todo, el próximo día 7 podría ser la fecha de derribo de su vivienda, aunque pasa el tiempo y no ha recibido comunicación del Juzgado. “El Ayuntamiento de Congosto, a pesar de que hay recursos pendientes por resolver y de que la construcción a día de hoy es legalizable, está empeñado en demoler mi vivienda habitual por no haber accedido a sus pretensiones”.

El actual alcalde informa en un bando que "es absolutamente falso"

Por su parte, el actual alcalde de Congosto en sustitución de José Antonio Velasco, Rafael Insunza, ha colocado un bando en el que asegura que lo que ha difundido la propoetaria es "absolutamente falso", aludiendo a un escrito que también divulgó entre los vecinos del municipio. En dicho bando (al que se remite este medio por no haber conseguido contactar con el regidor) expresa que "el Ayuntamiento de Congosto sólo se limita a cumplir una sentencia del TSJ en Valladolid, que obliga al Ayuntamiento a demoler dicha vivienda y que, a pesar de que durante varios años se ha intentado por doña Rosana Balboa y sus diferentes abogados que el Tribunal cambiara de opinión, éste ha dicho que dicha sentencia de demoler la vivienda es firme, no cabiendo recurso alguno contra ella".

Incluso, justifica que el no dar cumplimiento a la misma implicaría consecuencias para el primer edil, "conllevará multas de hasta 1.500 euros mensuales que tendrá que pagar él personalmente, a parte de otras acciones en su contra por desobediencia a la autoridad".

La propietaria ha advertido que la posible demolición de la vivienda no tiene en cuenta el procedimiento penal que hasta el momento cuenta con un auto de sobreseímiento y sobre el que pesa un recurso tanto por su abogado como por la Fiscalía.

Por su parte, el regidor dice en el bando que "los únicos culpables han sido los propietarios que han construido una vivienda ilegal y que han trasladado un asunto privado relacionado con temas de herencia al Ayuntamiento de Congosto, el cual sólo cumple con la Ley intentando ser imparcial en todo momento".

El Ayuntamiento lleva esta cuestión a Pleno para informar a los vecinos y a la oposición sobre esta polémica.

 

 

 

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