El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado los acuerdos que regulan los servicios mínimos en la Junta de Castilla y León, el sector del transporte y las oficinas de farmacia con motivo de la huelga general convocada el próximo 29 de marzo. Con ello el Ejecutivo de la comunidad autónoma, en su doble condición de empleador y autoridad gubernativa, “garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales sin menoscabo de la libertad individual y sindical”.
La Junta de Castilla y León ha establecido unos servicios mínimos del 21,16% para el personal propio, porcentaje ligeramente inferior al de septiembre de 2010, que fue del 22,63%. En la Administración General y organismos autónomos el 23,35% del total. Estarán el 38,45% de los sanitarios, el 18,66% de los trabajadores que realizan labores de gestión y el 9,11% de los docentes no universitarios.
En los entes y empresas públicas los servicios mínimos serán del 3,75%, y en las Universidades públicas se han fijado en el 3%.
En las empresas privadas que prestan servicios a la Junta, los servicios mínimos estará compuestos por una o dos personas. Siguiendo un criterio similar de la última huelga general, se propone que trabajen el 93,55% de los ocupados en áreas vitales para la salud y la vida de los ciudadanos como el Servicio 112 y el operativo de la Campaña de Vialidad Invernal.
