La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que inició las exhumaciones científicas de fosas comunes el franquismo en El Bierzo en octubre del año 2000 no se ha presentado ni a formar parte del Consejo Asesor de la memoria histórica de Castilla y León, ni lo hará a las subvenciones convocadas por el Gobierno autonómico.

La ARMH lleva meses denunciando que el decreto de memoria de la Junta de Castilla y León fundamentalmente va a establecer un nuevo órgano burocratico cómo es el Consejo de la Memoria que supone, a la hora de hacer las exhumaciones, un aumento de los trámites por parte de los colectivos que ayudan a las familias a localizar a sus desaparecidos, a identificarlos y a que pueden darles una sepultura digna.

Desde el principio del anuncio de la Junta de la elaboración del Decreto la ARMH denunció que no se ha llevado a cabo mediante un trámite parlamentario y una comisión que escuchara a las víctimas de la represión franquista y a las personas que llevan años llevando a cabo las investigaciones, las acciones y las identificaciones, “que son sin duda quienes más conocimiento tienen de cuáles son las labores necesarias para facilitar esas exhumaciones”.

Tampoco es comprensible para la ARMH la constitución de un comité en el que, por ejemplo, están los sindicatos UGT y CCOO de los que se desconoce su participación o aportación en las exhumaciones o en la búsqueda de desaparecidos durante la dictadura franquista.

Por otra parte, el portavoz de la Junta, mediante el decreto aprobado, ha anunciado la creación de un censo de víctimas de la guerra civil mediante un acuerdo con el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, “lo dice en una comunidad donde hubo frente de guerra en muy pocos territorio y donde de las 800 personas que la ARMH ha exhumado en Castilla y León, prácticamente ninguna tenía en CDMH de Salamanca un solo documento que permitiera conocer cuál fue su paradero o que fuera asesinado por la represión franquista”.

“El decreto llegó con un discurso del gobierno castellano y leonés en el que se afirmaba la importancia y urgencia de la toma de medidas con respecto a la Memoria Histórica; algo que no parece coherente si atendemos a los 17 años que se llevan haciendo exhumaciones en la comunidad, en las que el Gobierno autonómico apenas ha facilitado unas ayudas discrecionales y que no han salido a concurso”.

La ARMH concluye que “la Junta de Castilla y León ha estado durante una década y media viendo cómo se sucedían las exhumaciones en el territorio sobre el que tiene competencias sin haber llevado a cabo ninguna medida; sin haberse interesado por atender a las familias y sin mostrar ningún síntoma de que esta causa le pareciera importante durante todos esos años”.

 

 

 

 

 

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