UGT y Comisiones Obreras acudieron ayer por la tarde a la reunión con el nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, que arrojó un nuevo jarro de agua fría sobre la parte social. Y es que, si bien el Gobierno ha aprobado recientemente la resolución con todas las ayudas a la producción salvo al grupo Alonso y Hullera por deudas con la Seguridad Social, por el momento no habrá pago.
A la retahíla de declaraciones y promesas del Gobierno en materia de minería se añadió recientemente que la partida de cargo de las ayudas al carbón corresponde a 2013 y no a 2012, como había venido manifestando el Ministro anteriormente. Pero, a pesar de que hay resolución, no hay dinero para todos. Es decir, la situación no tiene visos de cambiar de forma inminente, y el secretario de Estado sólo se ha comprometido, según la parte social, a estudiar los recursos de las empresas sobre la retención de las ayudas por no estar al corriente con la Seguridad Social. En el caso del grupo Alonso, según trascendió en la reunión, el importe que adeuda a la Tesorería General de la Seguridad Social es de 60.000 euros.
Los sindicatos consideran que la liberalización de esas ayudas es necesaria para normalizar el sector y que los trabajadores vuelvan nuevamente al trabajo. Y es que la situación actual es de paralización absoluta del sector minero porque los empresarios dicen que no tienen dinero para pagar las nóminas.
Ante esta situación y el conjunto de políticas del Gobierno en rescate del sector bancario, el representante del sindicato FITAG-UGT llegó a denunciar que la crisis se traslada a trabajadores de sectores como la minería que son quienes la pagan, “no la banca ni las iglesias”.
Si las eléctricas no compran carbón de forma voluntaria lo harán por decreto
Pero las dificultades del sector minero también se deben en parte a que las eléctricas españolas no están consumiendo carbón nacional al menos en la medida que contempla el Decreto de Garantía de Suministro que recientemente aprobó el Gobierno. Hasta tal punto que la representación del sector eléctrico llegó a asegurar que no tienen voluntad de comprar el carbón extraído en las cuencas españolas en tanto en cuanto no se atiendan sus reivindicaciones, máxime cuando han expresado su oposición al decreto.
A este respecto el secretario de Estado transmitió al sector eléctrico que, de no cumplir con lo dispuesto en el decreto habrá una modificación para obligar a la compra de carbón.
