Más de 10.000 personas exigen en las calles de León soluciones al sector minero y el futuro del carbón

Un momento de la manifestación. Foto: Fes-UGT (@FesUGTLeon)
Un momento de la manifestación. Foto: Fes-UGT (@FesUGTLeon)

Más de 10.000 personas salieron este miércoles a la calle para exigir al Gobierno soluciones al sector minero. La paralización en la práctica de la actividad minera y la incertidumbre respecto a un futuro que cada día que pasa es más incierto, llevó a la convocatoria de esta manifestación para la que los sindicatos convocantes hicieron un llamamiento a la participación de todos los sectores de la provincia, más allá incluso de la minería. Y es que han venido defendiendo que la minería es un sector fundamental en la economía del conjunto de la provincia de León.

Centenares de mineros de las cuencas mineras acompañados por miles y miles de ciudadanos tomaron las calles de León desde las inmediaciones de las sedes de los sindicatos hasta llegar a la Subdelegación del Gobierno.

El discurso al finalizar la manifestación corrió por cuenta de Carmen Busmayor, que transmitió su preocupación por la grave situación que atraviesa la minería del carbón, estableciendo una comparativa con el año 1991 cuando la reconversión minera azotó las cuencas de la provincia el índice de paro era del 6% frente al 26% actual. Algo que “nos sitúa aún más a la cola, no ya del país, sino de toda Europa”.

Busmayor recordó la esencia de esta manifestación, que no es otra que la búsqueda de soluciones.

La marcha transcurrió entre el estruendo característico de los petardos y las consignas a favor del futuro de la minería del carbón. Fueron los sindicatos quienes mantuvieron una exigencia al Gobierno para que abone las ayudas al funcionamiento correspondientes al año 2012, que actualmente están pendientes de resolución de los recursos pertinentes. En principio, un informe de la abogacía del Estado defiende la concesión de las ayudas a Hullera Vasco Leonesa, pero no así al grupo Alonso, por no hallarse al corriente de pago con la Seguridad Social.

La parte social considera que la única solución al problema planteado es la liberalización de las ayudas, lo que, entienden, permitirá recuperar la actividad y la normalidad, al menos de forma provisional.

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