Hoy se cumple un año de la primera jornada de huelga que marcó el inicio del conflicto más grave de la minería del carbón. Lo que inicialmente se presentaba, a pesar de la gravedad, como una convocatoria de huelga puntual contra los incumplimientos y recortes del Gobierno, derivó, a la postre, en un conflicto de grandes dimensiones que a la fecha aún no ha terminado. La radiografía social, un año después, es preocupante: despidos, mineros sin trabajo y sin perspectivas, impagos y una economía local que se ha visto resentida por la situación del sector.
Probablemente nadie podía imaginar el 23 de mayo de 2012 que un año después la minería iba a estar, en la práctica, paralizada. De hecho, a pesar de las acciones de protesta que convocaron los sindicatos y trabajadores, apoyadas entonces por los empresarios que se mostraban como “aliados”, todavía había esperanzas de que el Ministro de Industria y el Gobierno dieran marcha atrás en el recorte de 111 millones de euros en ayudas al sector.
Nada más lejos de la realidad, se fueron encontrando con expectativas y convocatorias de la Mesa del Carbón que al final quedaron fustradas. El Gobierno no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. La huelga temporal pasó a ser indefinida el día 30 de marzo, los trabajadores llegaron en una primera gran manifestación a Madrid y las acciones de protesta se recrudecieron en las carreteras donde, casi a diario, tenía lugar una batalla campal entre piquetes y los GRS. Persecuciones, detenciones, disparos, entrada en población, fueron las palabras más utilizadas para describir aquellos momentos de tensión.
Las acciones más contundentes comenzaron a dar paso a concentraciones y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos de la provincia, donde también jugaron un papel destacado las denominadas mujeres mineras. De esta forma, querían mostrar a la ciudadanía que no todo pasaba por acciones beligerantes a pie de calle y que había una cara familiar del minero, esa faceta que los medios más conservadores y otros sectores de la sociedad intentaron ocultar presentando a unos mineros radicales. Y la ciudadanía participó también masivamente.
Lejos de alcanzar objetivo alguno, el Gobierno siguió adelante con su política de recortes, las enmiendas fueron rechazadas por los diputados del PP en el Congreso y en el Senado sólo Juan Morano rompió la disciplina de voto y se posicionó a favor de las enmiendas. Lo que le valió un castigo del PP que le expulsó de sus filas pidiendo una sanción económica.
En 1992, medio millar de trabajadores de la MSP en Villablino llevaron a cabo una protesta diferente, sin enfrentamiento y completamente pacífica. La denominada Marcha Negra. Un movimiento que entró triunfal en Madrid para denunciar la gestión de la empresa que había acumulado una cuantiosa deuda y no hacía frente a sus obligaciones salariales. La presión obligó al Gobierno a recibir a los manifestantes que en poco tiempo consiguieron una solución. En 2010, la segunda Marcha Negra también inició su camino pero no fue necesario que siguieran más allá de León por la solución al conflicto.
La Marcha Negra resurgió por tercera vez en junio de 2012 y partió en tres columnas desde Bembibre, Villablino y Aragón para entrar en Madrid el día 11 de julio donde una multitud se dio cita para recibir a este grupo de mineros en defensa de su puesto de trabajo. Ese mismo día salieron los siete trabajadores encerrados en el pozo Santa Cruz, que fueron relevados por otros cinco compañeros.
Después de todo ello, los mineros atravesaron una situación de desconcierto, por un lado, ya que a pesar de sus acciones y la presión popular el Gobierno no sólo permaneció implacable, sino que actuaba con mayor contundencia ante las medidas de protesta; y también de preocupación cuando iban camino del segundo mes de huelga. Y las protestas se volvieron a recrudecer a pie de calle hasta que a principios de agosto los mineros ya no pueden más.
La huelga llegó a su fin y una de las condiciones fue que el Gobierno liberase las ayudas del 2012 que, todavía hoy, no ha hecho efectivas. Pero inmediatamente se rompió la alianza con los empresarios, que pasaron a plantear medidas de regulación de empleo hasta que no cobrasen las ayudas. El caso más destacado y notorio ha sido el del grupo Alonso que no garantizó desde el primer momento ni el pago de las nóminas ni los puestos de trabajo, lo que provocó una segunda huelga en la empresa.
El empresario minero cerró el pozo Santa Cruz del Sil, que se había convertido en emblema de resistencia. Posteriormente el pozo Salgueiro. Dejó de lado a los trabajadores con despidos e impago de nóminas. Viloria anunció que tampoco iba a pagar hasta el cobro de las ayudas a la producción.
En los últimos meses el enfrentamiento directo de Alonso con Hunosa y el impago de las ayudas del 2012 por parte del Gobierno aduciendo una deuda con la Seguridad Social a fecha de febrero de 2013, deja un panorama desolador donde los trabajadores siguen en sus casas, sin un sueldo mensual, sin perspectivas de futuro, con una postura implacable del Gobierno y un empresario que ha pasado de ser su aliado a su enemigo, que les ha planteado recortes salariales de hasta el 40% y un incremento de la jornada laboral.
Un año después ha cambiado mucho, pero no como los mineros imaginaban, sino todo lo contrario. Hoy todavía esperan algún tipo de excepcionalidad que les permita volver a sus puestos de trabajo en unas condiciones dignas. Recientemente han rechazado la última propuesta del empresario Victorino Alonso para retomar la actividad con recortes salariales.
El Ministerio dice que no paga los casi 50 millones de euros a Uminsa y CMC porque tiene una deuda con la Seguridad Social. Hunosa llevó al empresario a los tribunales por una supuesta estafa y venta doble de carbón. El grupo Alonso asegura tener pruebas periciales que demuestran que fue error de cálculo. El Gobierno ha puesto en el punto de mira a la presidenta de Hunosa por la gestión de la crisis con el grupo minero. Y, al final del eslabón, los mineros que ni cobran ni la empresa tiene intención de pagarles.
Unos trabajadores que el año pasado lucharon en las carreteras en defensa de las subvenciones que iban a permitirles cobrar su sueldo, pero que también reportarían beneficios al empresario. Hoy, están solos frente al Gobierno y los empresarios.
Información y fotografías extraídas del archivo de Bembibre Digital
