El Ministerio de Industria no considera necesaria ni la nacionalización de la minería, ni investigar en profundidad el destino de los fondos Miner. Son dos de los aspectos que ha rechazado de plano la Secretaría de Estado de Energía tras la queja que formuló Compromiso Socialista ante el Defensor del Pueblo hace casi dos años. Unos argumentos que han causado “asombro”, expresó el presidente de la formación política, Alejandro Álvarez del Amo, a la vista de las recientes imputaciones a seis empresas mineras y doce empresarios y apoderados por parte del Juzgado de Instrucción número 5 de Ponferrada para dilucidar si hubo un presunto delito de fraude en las subvenciones.
En la respuesta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, el Ministerio rechaza la nacionalización del sector, y en concreto lo justifica con arreglo a las ayudas al carbón para que “el sector sea competitivo y pueda hacer frente a los carbones de importación”.
Pero, si una cosa lleva a la otra, el sistema de control que en las últimas fechas ha quedado en tela de juicio es suficiente a juicio del Ministerio, lo que avala con la intervención delegada del Instituto del Carbón que fiscaliza en primer término todos los gastos. Por si fuera poco, y para reforzar la solidez del sistema de control -tal y como lo aprecia el Ejecutivo-, “además de ese control de los gastos, el Instituto está sujeto a la Intervención General de la Administración del Estado y al Tribunal de Cuentas”. Es decir, un control por partida triple.
El Ministerio asegura que esos controles se consideran “suficientes para garantizar que los fondos se administran de acuerdo con la legalidad, sin perjuicio de que, frente a una denuncia concreta, se activen los mecanismos existentes para exigir la devolución de las ayudas recibidas indebidamente o aquellas aplicadas a otros fines distintos”.
Compromiso Socialista advierte de la “incongruencia” del Ministerio con la realidad actual, máxime teniendo en cuenta que esta queja se presentó en verano de 2012 y la respuesta llega 21 meses después. Y entienden que la respuesta denota “una clara apatía o falta de interés real por este conflicto y sus consecuencias”.
“La contestación que da el Gabinete del Ministro a las distintas preguntas no se corresponden con la situación actual para nada”, denuncia Álvarez del Amo, quien recordó la imputación judicial a las mineras el pasado 10 de febrero. “Si estas imputaciones salen adelante, el Señor Soria tendrá que presentar su dimisión si mas espera, motivos para hacerlo antes ya ha habido”.
Pero también lamentan que se rechace una acción especial para las cuencas mineras adyacentes y que “se limita a recordarnos los muchos miles de millones de euros que se han destinado”. Compromiso Socialista considera que esta argumentación “refuerza más nuestra teoría de que deben ser investigados dichos fondos, así como las ayudas concedidas hasta la fecha”.
La formación se ha mostrado molesta con el conformismo de la Oficina del Defensor del Pueblo que no aprecia irregularidad basándose en los argumentos del Ejecutivo, una respuesta que califica de “inverosímil”. Y concluye que “para tanta insensatez han necesitado 21 meses”.
