Si los sindicatos salieron decepcionados de la reunión con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, el encuentro que mantuvo por separado con la patronal Carbunió no ha arrojado mejores noticias. El Ministerio da por cerrados todos los posibles acuerdos y Bruselas ha dicho que no es posible dar salida a ninguno de ellos, unos argumentos con los cuales el Ministerio acuerda tirar la toalla “y, por lo tanto, no va a seguir peleando”, aseguró el presidente de la patronal, Óscar Lapastora.
Con ello los empresarios mineros consideran que no pueden decir en este momento “que no son capaces de negociar con Bruselas y ahí os quedáis”, fundamentalmente cuando implica el incumplimiento de los acuerdos que alcanzó el Gobierno con el sector. Ni hay acuerdos a la vista ni tampoco alternativas mientras la negociación en la Mesa del Carbón no existe porque tan siquiera la convoca el Ministerio.
Y todo ello con el agravante de que en esta reunión no se ofreció “ningún compromiso” por parte del secretario de Estado.
En este sentido, parece que queda claro que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no se basó en realidad alguna cuando aseguró que había un principio de acuerdo para que las empresas no tengan que devolver las ayudas si permanecen abiertas a partir de 2018. Todo lo contrario, tendrán que devolverse tal y como estaba previsto.
La única opción que contempla Bruselas y tan siquiera hay una certeza que vaya a salir adelante es una ayuda de 10 euros adicionales por toneladas, pero eso sí, el secretario de Estado no se ha comprometido a que vea la luz de forma urgente, afirmó Lapastora, por cuanto “nos ha dicho que necesitan la autorización de Bruselas”.
Pero todavía hay una cuestión adicional a tener en cuenta, y es que este incentivo de 10 euros por tonelada forma parte del plan de cierre. Es decir, no ha habido un incremento de por sí sino la modificación del mencionado plan y que en el caso de que las empresas continúen con su actividad a partir del periodo establecido también tendrán que devolverlo.
Perspectivas, ninguna: “la orden en sí va a tener a corto plazo un impacto negativo sobre las empresas” que abocaría a empeorar aún más la situación, según el líder de la patronal. La única esperanza es que se apruebe de forma inminente, algo que el propio secretario de Estado no ha confirmado.
Por lo que se refiere al futuro de la minería sigue en la más absoluta incertidumbre y la patronal confirma que mantendrán su postura para exigir al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados y la convocatoria de la Mesa del Carbón.
