Transcripción literal del comunicado de prensa del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Bembibre:

Otero cantó victoria antes de tiempo. A mediados de noviembre de 2017 difundió en los medios de comunicación que el Juzgado de Instrucción nº 8 de Ponferrada había decidido archivar las diligencias incoadas por la prórroga de los contratos de las piscinas climatizadas y la residencia de ancianos acordada con Clece en 2013. El 29 de enero de 2018 el propio Juzgado, estimando el recurso de reforma que le fue planteado, ha resuelto revocar y dejar sin efecto su decisión anterior, con lo cual Otero y la Junta de Gobierno Local de aquel entonces vuelven a estar investigados por prevaricación administrativa en la gestión de la prórroga.

Recordamos que las diligencias se incoaron por haberse hecho la contratación pisoteando todas las normas aplicables: admitiendo fuera de plazo un recurso de Clece; evitando la concurrencia de otras empresas a una nueva licitación; inventándose un perjuicio económico para Clece, que no existía, para adjudicarle gratis y a dedo las piscinas de verano; y todo ello sin contar con ningún informe de la secretaría e intervención del Ayuntamiento, ni presentarse por la empresa ninguna garantía para caso de incumplimiento.

El Juzgado, no obstante, sin tomar declaración a Otero, acabó archivando el proceso al entender que todas estas irregularidades se habían cometido por simple ignorancia, por no ser conscientes el alcalde y los concejales de la ilegalidad de su actuación.

Ahora ha llegado a Ponferrada el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de León que deduce testimonio contra todos ellos por desobediencia, al negarse a ejecutar la sentencia que había declarado la nulidad del contrato, y la magistrada cambia radicalmente de criterio, reponiendo la investigación contra Otero y sus concejales.

La magistrada basa su última resolución en que no conocía la totalidad de lo sucedido, porque ahora comprueba que las infracciones se cometieron intencionadamente y de mala fe, “lo que evidencia la existencia de ese ánimo específico que exige el delito de prevaricación, ese reiterado incumplimiento de la legalidad vigente realizado con pleno conocimiento y a sabiendas de su ilegalidad”, con lo que son evidentes los indicios de criminalidad en Otero y los suyos.

 

 

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