Transcripción literal del comunicado de prensa del Grupo Municipal Socialista de Bembibre

La Sección 3ª de la Audiencia Provincial de León acaba de notificar un auto de 21 de agosto de 2018 por el que desestima el recurso de apelación que interpusieron el alcalde de Bembibre y sus concejales contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 8 de Ponferrada de 29 de enero de 2018, que decidió reabrir la causa contra todos ellos por la prórroga de los contratos de las piscinas climatizadas y la residencia de ancianos acordada con Clece. En consecuencia, continúan sujetos a investigación por prevaricación administrativa en la gestión de la prórroga José Manuel Otero, Federico Fernández, Laura Álvarez, Gloria Castro, César Ferrero y Serafín Vázquez.

La Audiencia argumenta que las infracciones se cometieron intencionadamente y de mala fe, “lo que evidencia la existencia de ese ánimo específico que exige el delito de prevaricación, ese reiterado incumplimiento de la legalidad vigente realizado con pleno conocimiento y a sabiendas de su ilegalidad”, con lo que son patentes los indicios de criminalidad en Otero y los suyos.

En particular, respecto al alcalde, manifiesta que fue Otero quien negoció con CLECE los términos de la prórroga y nunca solicitó la emisión de ningún informe a la Secretaría y la Intervención del Ayuntamiento, “extremo este que no ha sido negado por el aludido alcalde, al hacer uso de su derecho de no declarar”, en clara alusión a que Otero se ha escudado en su condición de aforado regional para no comparecer ante el Juzgado de Ponferrada.

Y respecto a los concejales investigados, la Audiencia añade que “había una participación de todos ellos, al haberse tomado la decisión por unanimidad en la Junta de Gobierno Local, sin mediar informe favorable que despejase las –improbables– dudas acerca de la legalidad de una prórroga que debiera haber arrojado más sombras que luces al respecto, para cualquier responsable municipal comprometido con la administración de dinero público y familiarizado con el imperativo de objetividad que impregna la legislación de contratos públicos”.

Así, pues, sigue igual la vida política de Bembibre, con un Partido Popular que, además de haberse fragmentado en tres facciones irreconciliables, no quiere darse por enterado que tiene bajo investigación judicial a sus principales representantes, sobre todo el alcalde, que se las prometía muy felices con el archivo de las diligencias, pero la realidad lo acaba de poner en su sitio. Lleva varios años huyendo de sus responsabilidades políticas, y mientras tanto, Bembibre agoniza devorado por la crisis y por su desidia e incompetencia para encontrar soluciones.

 

 

 

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