Transcripción literal del comunicado de prensa del Grupo Municipal Socialista de Bembibre

En las diligencias penales donde se investiga por prevaricación administrativa a Otero y cinco concejales del Partido Popular en 2013, saltó la información de que el Ayuntamiento había dejado de aprobar a Clece las actualizaciones anuales de las tarifas aplicadas en la Residencia de Ancianos durante 2014, 2015, 2016 y 2017, y ante la eventualidad de que las cantidades cobradas a los residentes no fueran correctos, este Grupo Municipal Socialista solicitó por registro a principios del año 2018 que se pidieran por el Ayuntamiento a la empresa para comprobarlas y proceder en consecuencia.

Hay que tener en cuenta que la prórroga de este contrato entre el Ayuntamiento y Clece la habían declarada nula los Tribunales de Justicia por diversas irregularidades cometidas y que, según informaciones de la propia Clece, aunque no existía aprobación oficial de las tarifas, “les constaba que el Sr. Alcalde había autorizado dichas tarifas”, sin especificar por qué medio. De este modo disponer de las tarifas era requisito indispensable para saber lo que había sucedido.

Ante la falta de entrega de las tarifas, el 8 de marzo de 2018, en la Comisión de Hacienda, nuestra portavoz pidió explicaciones y se le dijo que “Clece ha remitido un listado desordenado que requiere su trabajo y que, debido a la acumulación de trabajo que sufre la interventora accidental, no se ha podido facilitar la información solicitada, pero que se hará en cuanto dicha funcionaria se libere un poco más de las tareas que le absorben todo su tiempo”.

Desconocemos si la interventora accidental se liberó o no de su absorbente trabajo, pero lo que sí sabemos es que cesó en tal puesto por haber pasado a ocuparlo la interventora titular y, al seguir el alcalde en sus trece, de nuevo nos interesemos por las tarifas en la Comisión de Hacienda de principios de octubre. Se nos contestó que nos las facilitarían en la próxima sesión de la Comisión, pero, celebrada esta a mediados de mes, se siguió sin entregarnos nada de nada.

Después de casi un año de espera está claro que no se nos quieren dar las tarifas y hemos de advertir al alcalde que esta actitud supone una transgresión de nuestro derecho fundamental a recibir del Ayuntamiento la información necesaria para ejercer nuestro cargo de concejales. Otero, más que nadie, debe saberlo, porque ya fue condenado judicialmente por este mismo motivo en alguna ocasión. Pero no aprende y queremos poner públicamente de manifiesto que una resistencia de este tipo nos da muy mala espina, porque da la impresión de que Otero y Clece se siguen cubriendo sus respectivas faltas en perjuicio de los intereses del pueblo al que deberían servir y que, con los antecedentes que tenemos, nada bueno puede salir de semejante complicidad. A los hechos judiciales nos remitimos.

 

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