El Ayuntamiento de Bembibre ve complicada la salvación de la empresa pública Pibasa por la deuda de Cel Celis, que se eleva a 1.398.000 euros. Hasta este momento Pibasa ha conseguido sortear el rescate gracias a que la fabricante de células fotovoltaicas todavía tenía opciones de recuperación en el proceso concursal, pero la situación ha cambiado completamente con la entrada en fase de liquidación.
En este sentido, la empresa pública dejará de considerar la deuda de 1.398.000 como efecto pendiente de cobro y pasará a convertirse en pérdidas, algo que la abocará directamente a la desaparición o, en su defecto, una inyección económica que compense las pérdidas reales.
Sobre el valor final de las pérdidas, el importe dependerá de la evolución de las negociaciones que mantiene la administración concursal con dos grupos industriales. Una de ellas ya ha presentado la correspondiente oferta en el Juzgado de lo Mercantil de León, aunque todavía no han trascendido detalles de la misma. Concretamente, la ponderación de la deuda global entre los diferentes acreedores y cuánto revertirá para las arcas municipales.
Es decir, del importe que consiga el administrador concursal deberá repartirlo entre los diferentes acreedores de forma proporcional a la deuda de Cel Celis con aquellos, pero después de haber descontado las cantidades a abonar a los créditos privilegiados.
Ni el Ayuntamiento de Bembibre ni la empresa participada por la administración tienen privilegio especial ni propiedad sobre los terrenos, lo que lo convierte en un acreedor ordinario. Así las cosas, salvo que la venta de la unidad productiva englobe la deuda global de Cel Celis con sus acreedores (algo que es improbable en fase de liquidación), Pibasa no percibirá los 1,4 millones que le adeuda.
El alcalde, José Manuel Otero, se mostró crítico en el Pleno del lunes por las pérdidas de Pibasa, que aunque dependerán de la evolución de la fase de liquidación en este momento se elevan a 1,4 millones de euros. Pero también porque esta operación implicará la pérdida de 25.000 metros de superficie municipal que Pibasa puso a disposición de Cel Celis cuya fianza era una subvención que finalmente no percibió la empresa fotovoltaica –en consecuencia, tampoco recuperó el Ayuntamiento-, así como el hecho de que el equipo de gobierno hubiera presupuestado 1,5 millones como ingreso y que se gastaron sin que llegara nunca esa cantidad.
