La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) no ha acudido a la reunión con el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, que trataba sobre el decreto ley que prepara la Junta con respecto a la memoria histórica, por considerar que se trata de un intento de apartar del Parlamento un debate necesario acerca de las consecuencias de la represión franquista y de los derechos pendientes de las víctimas de la dictadura.

El colectivo, que inició las exhumaciones científicas de fosas de represaliados por la dictadura franquista en Priaranza del Bierzo, en el año 2000, considera necesario “que sea una comisión parlamentaria la que escuche a las víctimas y a los expertos y trabaje en la elaboración de una ley que repare el daño sufrido por quienes respetaron la legalidad, no se sumaron al golpe de Estado del 18 de julio y garantice sus derechos a la verdad a la justicia y a la reparación”.

La ARMH presentó recientemente un documento a todos los grupos políticos con representación en las Cortes de CYL, y al Procurador del Común, como base para iniciar los trabajos de cara a la constitución de esa comisión “que debería partir de una condena explícita a la represión de la dictadura franquista y al 18 de julio de 1936 y a quienes es convirtieron las provincias castellano leonesas en una geografía sembrada de cadáveres y de numerosas violaciones de Derechos Humanos”.

Desde el año 2000, en el que se iniciaron las exhumaciones científicas, Castilla y León es con diferencia la comunidad autónoma española en la que más fosas se han exhumado. La ARMH, que tiene su sede en Ponferrada, ha exhumado en la Comunidad un total de 80 fosas comunes, y denuncian que en ninguna de sus actuaciones ha tenido la más mínima ayuda por parte del Gobierno de la Junta.

La asociación considera que los trabajos de la comisión para la futura elaboración de una ley castellano leonesa de memoria histórica deben enmarcarse dentro de las recomendaciones de dos informes de la ONU, que han estudiado la situación de las víctimas de la dictadura en España: el del Grupo de Trabajo contra Desaparición Forzada e Involuntaria; y el del Relator Especial para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición; ambos forman parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra.

 

 

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