La asociación provincial de Empresas de Minas de Antracita de León (Apema), considera que la prórroga del almacenamiento estratégico de carbón que acaba de autorizar el gobierno tan siquiera representa 10 días de facturación de carbón de marzo. Con estos argumentos, la patronal minera destaca en un comunicado de prensa que “no soluciona el pago de la nómina del mes de julio a los trabajadores, y mucho menos el pago de los suministros necesarios para el funcionamiento (madera, hierros, electricidad, repuestos, combustibles, etc..) y de otros como seguridad social, impuestos, etc”.
Esta situación deriva de la crisis que atraviesa el sector minero durante los últimos meses, principalmente por la ausencia del Real Decreto que debe incentivar la quema de carbón autóctono y que aún debe autorizar la Comisión Europea. Ante la última demora en Europa, surge la duda de qué sucederá el día de mañana, aún en el supuesto de que la Comisión dé su visto bueno a las disposiciones nacionales, con una firme oposición de la comunidad gallega que se decanta por el carbón de importación en lugar del carbón español para favorecer a sus dos centrales eléctricas.
El Gobierno ha vuelto a autorizar una vez más una partida de pagos para el almacenamiento de carbón nacional que asegure el trabajo en el sector y el abono de las nóminas correspondientes a los trabajadores. La empresa pública Hunosa se hará cargo de 220.000 toneladas de carbón lo que, a juicio de las empresas del sector minero, “pone en riesgo no sólo el pago de las nóminas de los trabajadores sino también la continuidad de las empresas mineras” cuando recuerdan que “se había planteado por parte del Ministerio pagar un mes de facturación”.
También el grupo minero Alonso considera que estas cantidades dispuestas por el Gobierno son insuficientes para hacer frente al pago de las nóminas y demás costes de la actividad empresarial.
