La ARMH denuncia que el Decreto de la Junta de Castilla y León obstaculiza las exhumaciones

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tenía previsto realizar la búsqueda de dos fosas comunes con víctimas de la dictadura franquista que se han visto retrasadas, según afirman, por los obstáculos que genera el Decreto de Memoria Histórica aprobado el pasado mes de abril por el gobierno de la Junta de Castilla y León.

Según el propio vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, el decreto había sido concebido para facilitar la búsqueda de personas desaparecidas en la comunidad y para “obligar a que los ayuntamientos e, incluso, los particulares, permitan llevar a cabo las excavaciones necesarias cuando se tengan indicios suficientes de que hay un enterramiento de represaliados”. Pero la realidad es bien distinta según la ARMH.

La ARMH tenía previstas dos exhumaciones para el pasado julio en Boadilla (Salamanca) y en Santa María del Tiétar (Ávila); las solicitudes de intervención fueron remitidas a los Ayuntamientos en febrero y junio de 2018, respectivamente. Y el caso no está todavía resuelto administrativamente.

En el caso de Boadilla se trata de una fosa común de 4 vecinos de Robleda, asesinados en agosto de 1936. El terreno afectado es un pequeño espacio en el cementerio vecinal; la propia Junta Vecinal ha otorgado de palabra su permiso, por el contrario, la secretaria del Ayuntamiento de Las Fuentes de San Esteban se ha negado a otorgar el permiso en papel oficial con diferentes disculpas y, ni siquiera, ha respondido oficialmente a ninguno de los escritos de la asociación.

La ARMH solicitó amparo a la Junta de CyL, haciendo uso del decreto, pero la respuesta de la Junta fue que el procedimiento de solicitud comenzó previo al decreto, por lo tanto, no es un caso amparado por este. La falta de atención por parte de la Junta de CyL a los familiares de las víctimas, que son quienes reclaman la búsqueda de sus seres queridos, viene a confirmar, dice la ARMH, las sospechas que denunció de que “las políticas de memoria castellanoleonesas deberían haberse llevado a cabo desde las Cortes, tras el trabajo de una comisión que escuchara a víctimas y técnicos”.

Por otro lado, en el caso de Santa María del Tiétar, la ARMH dice que ha evidenciado lo que ha criticado desde hace meses, “el decreto de Memoria Histórica de la Junta genera un nuevo laberinto burocrático que retrasa la búsqueda y exhumación de las víctimas de la dictadura”.

El 8 de junio de 2018 la ARMH remitió al Ayuntamiento de Santa María de Tiétar la documentación necesaria para solicitar el permiso municipal; y la administración municipal derivó la documentación a la Junta, según el procedimiento pautado en el artículo 4 del decreto 9/2018.

Debido al tiempo transcurrido sin respuesta, la ARMH se puso en contacto con la Junta y la respuesta fue textualmente que “no habían recibido ninguna documentación al respecto”. El Ayuntamiento de la localidad del Tiétar aseguró a la ARMH que había enviado la solicitud a través de la delegación de la Junta en Ávila. Minutos después de la reclamación, el expediente apareció de forma “milagrosa” en la Oficina de la Secretaría General en Valladolid.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), fundada en el año 2000 después de la primera exhumación mediante métodos científicos en Priaranza del Bierzo ha exhumado en Castilla y León más de 800 cuerpos, en las más de 140 intervenciones que ha realizado en 18 años

 

 

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