Todos los grupos parlamentarios, de forma conjunta, presentarán una proposición a la Junta para que se ponga en marcha un canon que grave la generación de energía eléctrica en la comunidad autónoma de Castilla y León, canon que el gobierno autonómico se ha comprometido a aplicar a comienzos del 2011.Se prestará especial atención a la fórmula que se empleará para aplicar este nuevo impuesto, de forma que las compañías eléctricas no puedan repercutir sobre las familias. La Ley del sector eléctrico permite que los impuestos de carácter autonómico o local con los que se grave la actividad eléctrica, puedan ser luego repercutidos en ese mismo ámbito territorial. Por ese motivo en otras comunidades autónomas como Galicia o Extremadura, se ha utilizado como soporte impositivo el daño medioambiental.
En un principio la Junta de Castilla y León podría ingresar unos 50 millones de euros anuales por este concepto, pero si finalmente el impuesto se aplica no solo a las empresas hidroeléctricas, sino también a otros tipos de generación de energía, la comunidad autónoma elevaría los ingresos hasta los 100 millones de euros anuales.
