La Junta de Castilla y León presentó este viernes un optimista proyecto de la empresa Gestión Integral de Carne Porcina, S.L., que permitiría crear en el orden de 100 puestos de trabajo progresivos en el polígono de San Román de Bembibre. Una noticia que ha sido bien recibida en la administración autonómica a la vista de los detalles de un proyecto que el propio delegado, Guillermo García, valoró positivamente y resaltó por la "importancia que tendrá para la actividad económica de la provincia y del conjunto dela comunidad". Esta es la cara amable, pero en la moneda también existe la cruz.

Y es que la creación que anunciaron de un centenar de puestos de trabajo contrasta con los conflictos laborales que han existido en el seno de esta mercantil desde enero de 2011 cuando dejó de pagar las nóminas a sus trabajadores. En mayo presentó un ERE temporal suspensivo por falta de pedidos que entraría en vigor el día 1 de julio durante tres meses.

Un grupo de trabajadores despedidos y otros que solicitaron la rescisión del contrato demandaron a la empresa por el incumplimiento de sus obligaciones, reclamando el pago de los salarios adeudados. Previo al acto de juicio oral, estos trabajadores alcanzaron en noviembre un acuerdo por medio del cual la empresa reconoció el pago de las cantidades adeudadas pero lo haría efectivo en tres plazos.

El importe total se distribuyó a razón de una primera cantidad a cada trabajador el día en que firmaron el acuerdo extrajudicial. Este primer abono se correspondía con la cantidad más pequeña de las tres partes, mientras que la segunda era aproximadamente el doble (que debió pagar el día 5 de diciembre) y la tercera unos 1.000 euros más que el segundo pago, el 20 de diciembre. Y aquí es donde los trabajadores denuncian que la empresa incumplió con al menos siete de sus empleados, a quienes abonó el primer pago pero no los otros dos, que precisamente eran los más cuantiosos.

Estos trabajadores no conciben el anuncio de creación de 100 empleos a la vista de la deuda que mantienen con ellos.

José Elpidio Gómez, condenado a prisión y liberado por Belloch a cambio de que no volviera a delinquir

Pero sobre estos hechos que afectan directamente a los trabajadores, existen otros aspectos directamente relacionados con los representantes de la empresa. Así lo han puesto de manifiesto varios medios de comunicación estos días que han cuestionado el papel de los administradores de la empresa, José Elpidio Gómez González y Santiago Suárez. Sobre éste último, es hermano de la ex jefe de Fomento de León, Ana Isabel Suárez Fidalgo, que abandonó su cargo tras su vínculo con una trama solar que denunció el diario El Mundo en 2008.

Respecto a José Elpidio González han resaltado que fue condenado en 1989 por un delito continuado de apropiación indebida en 1977.

El 25 de noviembre de 1994 el entonces Ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, firmó mediante Real Decreto el indulto justificando lo siguiente:

Visto el expediente de indulto de don José Elpidio Gómez González, con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal sentenciador, condenado por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, en sentencia de fecha 13 de julio de 1989, como autor de un delito continuado de apropiación indebida, a la pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1977; a propuesta del Ministro de Justicia e Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de noviembre de 1994,

Vengo en indultar a don José Elpidio Gómez González la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena".

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