Unión Progreso y Democracia en Castilla y León critica la política de recortes del Gobierno regional en el ámbito sanitario y denuncia que estas medidas generan un ahorro muy por debajo de las estimaciones. En su opinión, la calidad asistencial se ha deteriorado considerablemente en los últimos años como consecuencia de la mala gestión de los recursos disponibles y la falta de consideración de los profesionales de la salud.

El colectivo sanitario, además, se ha sentido maltratado y ninguneado por la Junta de Castilla y León. Los recortes salariales, la ampliación de sus horarios y los cambios de jornada les han afectado mucho más que a otros tipos de
empleados públicos, cuando este colectivo recibe unos salarios muy inferiores a los profesionales de otros países de referencia en la Unión Europea.

El coordinador territorial de UPyD en Castilla y León, Félix Sánchez Montesinos, asegura que “los recortes se ceban injustamente en el personal sanitario”. Sánchez Montesinos recuerda que la Sanidad es un derecho fundamental y señala que las medidas del Ejecutivo del presidente Herrera “conllevan más presión para médicos y enfermeras, y una merma en la calidad de los servicios”.

En opinión de UPyD, la retribución del personal médico es un aspecto fundamental. A este hecho se añade la pérdida de capital humano, ya que muchos profesionales abandonan España al percibir un salario bajo tras muchos años de formación.

La política seguida por el Gobierno autonómico de recortar sin evaluar las repercusiones de sus decisiones,  da lugar de forma indirecta a un grave perjuicio para los ciudadanos de la comunidad, dice UPyD, reduciendo la calidad asistencial, generando un ahorro muy inferior al estimado y creando innecesariamente un malestar importante en los profesionales del sector.

Unión Progreso y Democracia sostiene la necesidad de tomar medidas urgentes de gestión sanitaria – razonadas y razonables –  que permitan cumplir con objetivos de austeridad y ahorro sin menoscabo de la asistencia sanitaria ni perjuicio para médicos como máximos responsables de la misma. Este partido, dice además, que defiende desde su fundación la devolución de la competencia de Sanidad al Estado central, como garantía de un servicio público que no se base en el maltrato a los profesionales de la salud y que asegure un derecho básico a todos los ciudadanos.

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