Unión Progreso y Democracia en Castilla y León critica el acuerdo que suscribieron el Gobierno regional y el PSOE, al considerar que las medidas propuestas mantienen buena parte del entramado institucional de la región (empresas públicas, mancomunidades de interés general, diputaciones y fundaciones) y no resuelven los problemas de los ciudadanos.
Para UPyD, el adelgazamiento de costes de las 38 empresas públicas de la región, las instituciones de la Comunidad Autónoma – Procurador del Común, Consejo Económico y Social y Consejo Consultivo – o las Diputaciones Provinciales, las fundaciones y las delegaciones en el extranjero, así como el mantenimiento de un modelo de ordenación territorial costoso e ineficiente; ponen de manifiesto la intención de los dos partidos mayoritarios por no cambiar nada.
Los 30 millones de euros que se van a dedicar al fomento del empleo local y juvenil suponen una inversión necesaria en estos tiempos difíciles. No obstante, UPyD pide que se haga de manera prudente, aplicando principios de eficacia ya que puede suponer un fiasco como otros proyectos de fomento del trabajo, como el Plan E, y derrochar el dinero de todos en baldosas para las plazas de los Ayuntamientos mientras se recorta en becas y se doblan los turnos de médicos y enfermeras.
Por otra parte, el anuncio de que los diputados provinciales van a ser elegidos por sufragio directo no es competencia del Gobierno regional. Al contrario, la modificación del artículo 204 de la LOREG compete única y exclusivamente al Parlamento Nacional. Las Diputaciones Provinciales, además, son órganos obsoletos y que fomentan el clientelismo.
En el ámbito de la ordenación territorial, el esfuerzo de contentar a todas las partes deja un escenario similar al existente. Ayuntamientos, Mancomunidades – esta vez de Interés General – Diputaciones Provinciales y Comarcas (la del Bierzo) siguen representando una estructura elefantiásica.
El coordinador territorial de UPyD, Félix Sánchez Montesinos, lamenta que este acuerdo “mantiene todos los vicios de las políticas bipartidistas”. Sánchez Montesinos explica que lejos de paliar la deuda de las empresas públicas, que rondan los 400 millones de euros, o de las fundaciones, 56 millones de euros, “los partidos mayoritarios han firmado con pompa y artificio un acuerdo que maquilla una política continuista y que va dirigido a engañar a los castellanos y leoneses”.
El coordinador territorial también recuerda que Junta y PSOE ya firmaron un pacto para la fusión de Cajas de Ahorro con el mismo fin, “aunque la cosa les salió mal y pudimos conocer los excesos de los consejeros de libre designación de los partidos”. También ha indicado que “no hay dinero para servicios esenciales, pero se crea una línea de financiación para los municipios afines”.
Por último, Sánchez Montesinos hace hincapié en que el PP y el PSOE “son unánimes en el mantenimiento de sus cuotas de poder” y asegura que este pacto “es una extensión de este principio”. “Siempre es deseable que gobierno y oposición lleguen a acuerdos, más en esta difícil situación. Lo que no es de recibo, bajo la apariencia de pactos o acuerdos y enarbolando el interés general como principio rector, se trate de consolidar posiciones políticas y de poder. Eso es engañar a los ciudadanos”, concluye.
