El presidente de Diputación de León, Marcos Martínez, ha sido detenido esta mañana en el marco de una operación anticorrupción en la que están implicadas en total 51 personas. Los dos nombres más destacados en este momento son el ex secretario general del PP de Madrid, y número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y el actual presidente de la institución provincial, uno de los hombres de confianza de Isabel Carrasco y sustituto de aquella cuando fue asesinada el pasado mes de mayo.

Según Fiscalía Anticorrupción, sólo en los dos últimos años esta trama de corrupción municipal y regional, que operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia, se habría adjudicado contrataciones por valor de 250 millones de euros. Una operación dirigida por la instancia judicial y coordinada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Granados dispuso presuntamente de una cuenta en Suiza de 1,5 millones de euros entre los años 1999 y 2003. Cuando se dirigió a sacar el dinero de golpe el país helvético, en el marco de la colaboración contra las tramas de corrupción, advirtieron a las autoridades españolas.

Sin embargo, no fue un caso aislado que se siguió desarrollando en la denominada Operación Púnica. Este escándalo salpica a la institución provincial, y en concreto a su máximo representante, que es uno de los 51 detenidos junto a alcaldes de Madrid y otros cargos de varias comunidades autónomas y varios constructores.

Las cifras que en este momento se manejan apuntan a cantidades en su conjunto de 250 millones de euros en los últimos dos años entre cargos públicos y funcionarios.

La operación está dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción Número Seis de la Audiencia Nacional, en manos del Juez Eloy Velasco. Comenzó a planificarse el miércoles de la pasada semana.

Se imputan delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, fraudes contra la administración y organización criminal, así como prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.

No deja de ser llamativo que el el pasado día 20 los resultados del Índice que Transparencia de las Diputaciones haya reconocido a la institución provincial como la "más transparente de España". 

 

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