Este miércoles, día 1 de julio, entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida popularmente como ‘Ley Mordaza’ por el endurecimiento de sanciones ante determinadas protestas que en los últimos años han estado a la orden del día. Concentraciones, difundir mensajes a través de redes sociales o incluso impedir un desahucio serán objeto de duras sanciones desde la entrada en vigor la nueva Ley. Una Ley que, si bien parece tener más sentido en los grandes núcleos, en el caso de Bembibre determinadas acciones que hemos visto durante los últimos años también tendrían consecuencias para el bolsillo de los infractores.
Protestas mineras hasta 30.000 euros
Inevitablemente, las imágenes que se nos vienen de inmediato a la cabeza son las protestas de los mineros para exigir el cumplimiento de los compromisos incumplidos por el Gobierno. Unas acciones a pie de calle que, de repetirse a partir de este miércoles, podrían ser constitutivas de infracciones graves, sancionadas con multa de 601 a 30.000 euros.
Una cantidad que a buen seguro frenará a más de un minero, castigados por naturaleza por las políticas energéticas que han abocado a una situación límite a miles de familias en la provincia de León, y que hará que se piensen dos veces si merece la pena protestar como se ha hecho en años anteriores.
Entre estos actos, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana apunta a los desórdenes graves en vía pública u obstaculizar las calles formando barricadas con mobiliario urbano, coches o contenedores.
De hecho, la subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, no se cortó en absoluto a la hora de recordar a los mineros que han volcado en estos días de atrás (o piensen volcar) el carbón de importación de los camiones que transportan el mineral a Compostilla, que el endurecimiento de las sanciones hará “recapacitar” a estas personas.
Alentar protestas también en redes sociales
La ‘Ley Mordaza’ quiere evitar a toda costa manifestaciones y concentraciones no autorizadas, y su articulado se esmera en intentar vincular a todo el que se encuentre en las mismas. O incluso a quienes puedan estar detrás de un ordenador.
Es delicado lo que cada uno publique en las redes sociales, si por el tenor literal de la Ley se entiende que se está dirigiendo una protesta sin permiso. Es decir, hacer un llamamiento para una convocatoria en un determinado lugar que, según recoge el artículo 30.3 “también se considerarán organizadores o promotores quienes (…) por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas”.
En este caso, con sanciones que van desde 30.0001 a 600.000 euros.
Drogas y botellón, competencia del Gobierno
El consumo de drogas o alcohol en la vía pública conllevará una sanción de hasta 30.000 euros si se trata de estupefacientes (tanto fumar un porro en la vía pública como llevar encima cualquier sustancia ilícita), o 600 euros si se trata de alcohol.
Concretamente este último aspecto que es público y notorio prácticamente en cualquier localidad, incluso con puntos muy concretos donde se celebran los botellones.
Hasta este momento las sanciones por botellones se ajustaban a lo dispuesto en las ordenanzas municipales, pero a partir de ahora es el Gobierno quien asume y unifica esta potestad en todo el territorio nacional, con el matiz que las sanciones se aplicarán “cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana”.
Respecto a las drogas, la Ley contempla como falta grave la tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas en locales o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios.
Desahucios y protestas en entidades bancarias
En Bembibre las acciones para evitar desahucios no han derivado en protestas públicas ni obstrucción. Los desalojos que se han producido no han tenido oposición (según las plataformas anti desahucios en muchas ocasiones es por vergüenza a que trascienda públicamente), y las acciones reivindicativas han tenido lugar frente a sucursales bancarias.
A partir de ahora, “quien obstruya a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales” incurrirá en una falta grave, con sanción de 601 a 30.000 euros.
Pero lo que sí se ha visto en Bembibre es protesta en el interior de una entidad bancaria contra la política hipotecaria o para forzar algún acuerdo que evite el desalojo. Esto también se va a considerar como sanción grave con hasta 30.000 euros.
Venta ambulante o pérdida del DNI
La venta ambulante no autorizada, una situación que se puede ver a menudo se considerará falta leve con multa de 100 a 600 euros. No tener la documentación, no denunciar su robo o pérdida, negarse a facilitarla a la autoridad policial o incluso perder la el documento de identidad tres veces en un año también son faltas leves.
Imágenes a los policías
Hay más situaciones que se pueden dar, con mayor o menor probabilidad, en Bembibre e incluso en El Bierzo Alto. Tomar imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también es una infracción grave, aunque la Ley matiza que en casos que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar o una operación. Sin embargo, los detractores de esta Ley advierten que ahora será más difícil tan sólo tomar imágenes para denunciar actuaciones policiales, independientemente de su uso posterior.
También se incluye en la Ley, aunque como falta leve en este caso, la proyección de haces de luz sobre agentes policiales para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones.
