El Grupo de Municipios en Defensa del Ferrocarril se congratuló hoy de la aprobación abrumadoramente mayoritaria en la Diputación de León de la moción en la que se pide a Renfe, el Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León a dar marcha atrás en la supresión de paradas y la pérdida de horarios adecuados en diversas estaciones de ferrocarril de la provincia, confiando en que esta resolución fuerce a la empresa e instituciones responsables a retomar la situación previa a la fuerte contestación social y vecinal de los municipios afectados por los recortes, tanto ahora como en 2013.

Además, instaron a la formación política Ciudadanos, la única cuyo diputado provincial no apoyó explícitamente el texto, a reconsiderar su postura para no permitir “que en la provincia haya ciudadanos de primera y de segunda”, como censuró el diputado provincial y alcalde de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas.

A la sesión plenaria acudieron varios alcaldes de ayuntamientos afectados, como Villarejo de Órbigo, Torre del Bierzo, Villagatón-Brañuelas o Magaz de Cepeda, así responsables empresariales de la comarca del Órbigo y presidentes de las juntas vecinales de las localidades en las que hay estación de tren y en las que desde hace tres semanas ya no hacen parada los principales trenes de Renfe que son imprescindibles para el acceso de los vecinos a servicios sociales básicos, como la sanidad o la educación.

Todos ellos manifestaron, además, su oposición rotunda a la solución alternativa propuesta por la Junta de Castilla y León, de suplir esa pérdida con autobuses, porque además de ser infinitamente más cara, conlleva que para el acceso de algunos pueblos a León se rocen las dos horas de trayecto, cuando hasta ahora el viaje en tren era infinitamente más directo y reducido. Y todo ello, recordaron, únicamente motivado por la medida de supresión de paradas que supone ganar apenas 8 minutos en el trayecto desde Ponferrada o Astorga hasta Madrid.

Los alcaldes, pedáneos y vecinos consideran que la defensa de todos los grupos de la Diputación a su “justa reivindicación”, dado que es la institución competente en los municipios de menos de 20.000 habitantes, debe ser ahora “definitiva” para desterrar los perjudiciales cambios aplicados.

Por eso, confían en que Renfe, el Gobierno y la Junta se muestren ahora partidarios de acceder a reunirse con los afectados para “que entiendan que por encima de los intereses económicos, tan dudosos en este caso, están los intereses sociales y de servicios público” para comarcas enteras de la provincia leonesa.

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